A un poco más de un año de la acusación  de fraude electoral, cuatro de los seis exvocales electorales, acusados de manipulación informática, alteración y ocultación de resultados, entre otros, dejaron la cárcel y dos de ellos después de que el expresidente Evo Morales en octubre pasado instruyera que “todos los que están detenidos deben  liberarlos”. Una semana antes el Movimiento Al Socialismo (MAS) había ganado las elecciones del 18-O.

Antonio Costas,  exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se benefició en enero con detención domiciliaria. En septiembre, la exvocal Lidia Iriarte dejó el penal de mujeres por problemas de salud. María Eugenia Choque, expresidenta del TSE,  que fue aprehendida el mismo día -10 de noviembre de 2019– en que Evo Morales renunció a la presidencia, se benefició con detención domiciliaria el 30 de septiembre; la medida fue revocada y  el 12 de noviembre la jueza Lorena Camacho concedió detención domiciliaria porque la Fiscalía y la Procuraduría no objetaron la decisión.

El 25 de octubre, Morales pidió la liberación de los exvocales. “A todos los que están detenidos deben liberarlos, que se les levanten los cargos” pues “el pueblo dijo que no hubo fraude y la mejor prueba sobre el llamado fraude, son estos resultados (55,10%); ¡qué fraude!”, dijo. Alegó por Choque. “Su delito es haber sido aymara, indígena y la primera mujer de pollera presidente del TSE”.

El exvocal Idelfonso Mamani, que en 2015 fue denunciado con fotografías de hacer campaña por el MAS, dejó la cárcel de San Pedro el lunes (23).   Su abogado  René Villarroel  anunció que solicitará el sobreseimiento de su defendido porque la Fiscalía no  formalizó  la acusación contra los exvocales.

Quedan en las cárceles los exvocales Édgar Gonzales y Lucy Cruz. Esta última fue designada por Evo Morales y está acusada de paralizar el conteo rápido (TREP).

 
José María Cabrera,  exprocurador general del Estado, afirmó ayer a Página Siete que la investigación del caso fraude electoral estaba concluida antes de septiembre. “La Fiscalía, cuando era procurador, tenía por demás suficientes elementos probatorios para que haga el requerimiento acusatorio, lastimosamente dilató”. El fiscal de La Paz Marco Antonio Cossío  afirmó en julio: “Ya estamos listos casi al 90% para emitir una acusación formal para ir a un juicio contra los exvocales del TSE”.

Cabrera recordó que “el 100% de la investigación fue concluido” pero el fiscal general Juan Lanchipa anunció una auditoría de verificación a la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA). El 6 de octubre, Lanchipa anunció que una empresa europea hará la “pericia informática” al estudio de la OEA.

Cabrera afirmó que “parece que la justicia es complaciente con el Gobierno de turno” y alertó que “va a pretender favorecer al margen de la ley el caso fraude electoral de 2019”. Recordó que el gobierno de Morales suscribió el 30 de octubre de 2019 un protocolo con la OEA para que el resultado de la auditoría sea vinculante. El punto 5 del protocolo señala: “El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos partes”. Recordó que con base en  la auditoría, el mismo 10 de noviembre Morales renunció a la presidencia, se aprehendió a los seis exvocales del TSE y comenzó la investigación. Cabrera afirmó que “si la Fiscalía no emite requerimiento acusatorio, la otra  es que emita requerimiento de sobreseimiento sin poner a conocimiento de los jueces y con ello quedará consumada la impunidad de un terrible delito de 2019”.