Al menos tres organizaciones de defensa de derechos humanos en Bolivia consideran que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe investigar sobre el origen y los antecedentes que detonaron la crisis social y política de 2019, tales como el desconocimiento del 21F, el caso de fraude electoral y el debilitamiento de la institucionalidad democrática.
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La Apdhb, Conade y Unitas pidieron a los miembros que investiguen también sobre las causas que detonaron la crisis de octubre y noviembre de 2019.
Al menos tres organizaciones de defensa de derechos humanos en Bolivia consideran que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe investigar sobre el origen y los antecedentes que detonaron la crisis social y política de 2019, tales como el desconocimiento del 21F, el caso de fraude electoral y el debilitamiento de la institucionalidad democrática.
“Lo que les vamos a pedir es no sólo investigar el 21F, sino también los procesos de destrucción y debilitamiento de la institucionalidad democrática en Bolivia. Si hubo el desconocimiento del 21F es porque hubo una sentencia constitucional que avalaba a Evo Morales y esa sentencia se dio porque hubo una debilidad de independencia del Órgano Judicial”, dijo Franco Albarracín, representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).
En la misma línea, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, señaló que además entregarán documentos relacionados con el fraude electoral, que en su opinión fue otro de los detonantes de los conflictos.
“Vamos a entregar todo lo referido al tema del fraude, eso significa un informe y todos nuestras apreciaciones y puntualizaciones. Estamos presentando también documentación de lo que nosotros hemos denominado ‘terrorismo de Estado’, es decir cuando los movimientos sociales afines al MAS actuaban con dinamita y eran escoltados por la Policía”, afirmó.
Manifestó que si bien el 21F es uno de los hechos más notorios sobre el punto de partida de los conflictos de 2019, no fue la única causa de las movilizaciones. Indicó que el intento de criminalizar las protestas a través del código del sistema penal, que fue derogado en 2018, y la declaración de la reelección indefinida como un “derecho humano”, por parte del Tribunal Constitucional, entre otros, también generaron el malestar social.
Por su parte, la directora de la red Unitas (Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social), Susana Eróstegui, indicó que el GIEI además de realizar una investigación con una mirada integral, amplia e imparcial sobre la vulneración a los derechos humanos durante los conflictos poselectorales, debe realizar una investigación a fondo de qué fue lo que generó esos conflictos.
“Si vemos en antecedentes, las causas tienen que ver con lo que la propia CIDH finalmente dijo hace poco como que el derecho humano a la reelección no era procedente, por lo tanto, el origen aparentemente ya estaría confirmado. Si el 2016 ellos se hubieran pronunciado a tiempo, entonces se podía haber evitado tan lamentables hechos”, subrayó.
Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia ante la OEA, sostuvo que el grupo de la CIDH “tiene obligación” de incluir en sus indagaciones el fraude, “violatorio del derecho de ‘votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores’ (CADH)”.
El 10 de diciembre de 2019, la CIDH publicó un informe preliminar sobre su visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre. El documento fue calificado como parcializado debido a que se omitían los antecedentes del conflicto político y otros hechos de violencia.
