Medio: Jornada
Fecha de la publicación: martes 24 de noviembre de 2020
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Repostulación presidencial / 21F
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El grupo de expertos enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Bolivia para investigar la violencia ocurrida en el país durante la crisis social y política de 2019 prometió un trabajo independiente e imparcial al iniciar este lunes su labor, que se extenderá por seis meses.
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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está conformado por los argentinos Juan Méndez y Patricia Tappatá, el británico Julian Burger, la colombiana Magdalena Correa y el brasileño Marlon Weichert, quienes ofrecieron una rueda de prensa en La Paz para informar sobre el trabajo que realizarán.
Además tendrá una secretaría ejecutiva a cargo del chileno Jaime Vidal, quien también participó en la comparecencia.
«Es un grupo independiente, nosotros hemos sido seleccionados y nombrados por la CIDH, sin embargo, actuamos a nombre personal, no representamos al Estado de Bolivia, ni tampoco representamos a la CIDH», sostuvo Weichert.
Los expertos desarrollarán sus funciones bajo un régimen de «profunda independencia y autonomía» en relación a otros actores nacionales e internacionales, insistió.
A su turno Méndez aseguró que escucharán a todas las personas que tengan algo que decirles sobre los sucesos de 2019, con el objetivo de «coadyuvar» en el «esclarecimiento de los hechos y en la investigación de las posibles responsabilidades».
«Estamos a disposición, para eso venimos, para que todo aquel que tenga algo que decirnos sobre estos hechos va a tener nuestro oído», manifestó el argentino.
La labor
La misión investigará los hechos acontecidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, coincidiendo con las protestas que sacudieron Bolivia.
En concreto, las fallidas elecciones de octubre del año pasado, en las que el entonces presidente Evo Morales fue declarado ganador para un cuarto mandato consecutivo.
Aquel proceso electoral desembocó en una grave crisis política y social entre denuncias de fraude a favor del exmandatario que él niega y que son investigadas penalmente, hasta que en noviembre renunció denunciando un supuesto golpe de Estado en su contra, lo que desencadenó más sucesos violentos.
La violencia en esos meses dejó 37 muertos y más de 800 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
El GIEI investigará estos sucesos como fruto de un acuerdo firmado en diciembre de 2019 entre la CIDH y el Gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez.
El grupo no pudo iniciar antes su labor por la pandemia de la covid-19, explicó Méndez.
El experto aclaró que no es responsabilidad del grupo el establecer sanciones, pero sí apoyar al Estado boliviano para que cumpla con la «investigación, procesamiento, eventual castigo de los responsables si se los identifica, con un juicio justo, y también el ofrecimiento de reparaciones y la adopción de medidas de no repetición».
Más temprano, el grupo estuvo en un acto con el Gobierno de Luis Arce, cuyo ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el informe que resulte de estas investigaciones establecerá «algo básico en una sociedad que está dispuesta a reconciliarse, que es el derecho de las víctimas a conocer la verdad”.
En una carta dirigida a Vidal, el diputado Carlos Alarcón, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana, señaló que la «reconciliación y el encuentro» entre bolivianos depende de que las investigaciones nacionales e internacionales «se lleven a cabo de manera completa, independiente e imparcial» y no selectivamente.
