Erika Segales  / La Paz 

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) comenzó oficialmente su trabajo ayer con la promesa de ser imparcial e investigar todos los hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

El grupo de expertos está conformado por el argentino Juan Méndez, expresidente de la CIDH; el británico Julian Burger, profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex; la colombiana Magdalena Correa, abogada experta en derecho constitucional económico; el brasileño Marlon Weichert, fiscal federal de Brasil, y la argentina Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos-Unesco, con sede en Buenos Aires. 

“El acuerdo firmado entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos define la tarea que nos trae aquí. Venimos de cinco países distintos, pero no somos sus representantes, actuamos a título individual. La sociedad boliviana debe saber que ejerceremos nuestro trabajo con imparcialidad y responsabilidad”, sostuvo Tapattá en la firma del protocolo de investigación.

En la misma línea,  Weichert remarcó en conferencia de prensa: “Nosotros actuamos a nombre personal, no representamos a nuestros Estados de origen y tampoco representamos a la propia CIDH. Asimismo, somos independientes a las demás funciones de la Organización de los Estados Americanos (…).  Desarrollaremos nuestras funciones bajo un régimen de profunda independencia y autonomía en relación a los actores no solo nacionales, sino internacionales”.

Juan Méndez señaló que el objetivo del GIEI es coadyuvar y apoyar las acciones iniciadas por el Estado de Bolivia, en la investigación y esclarecimiento de los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. 

“(Investigar) esas violaciones son nuestro mandato sustantivo. Son asesinatos individuales o colectivos, desaparición forzada de personas, tortura, detenciones irregulares o arbitrarias, actos de racismo o discriminación, lesiones a la libertad de expresión, persecución judicial o extrajudicial, incendio o destrucción de propiedad pública o privada, amenazas y hechos afines o similares”, dijo Burger, quien  explicó que el acuerdo entre el Gobierno  y el GIEI establece tres actividades centrales: realizar un análisis técnico de las líneas de investigación adoptadas por las autoridades bolivianas para determinar responsabilidades penales, civiles y/o administrativas; elaborar planes de investigación de los referidos actos de violencia y violación a los derechos humanos; aportar un análisis técnico de un plan de atención integral a las víctimas de los hechos.

El ministro de Justicia, Iván Lima, garantizó a GIEI el acceso a toda la información que sea requerida. “Es un compromiso del Gobierno de Bolivia que los archivos de las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía, del Órgano Judicial y del Ministerio Público sean accesibles para su trabajo”, manifestó.

Por su parte, el canciller Rogelio Mayta señaló que -como establece el acuerdo- todos los hechos que entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre deben ser investigados “en igualdad de condiciones” e indicó que “lastimosamente nuestro sistema de administración de justicia no es creíble para los propios bolivianos”.

El 10 de diciembre de 2019 la CIDH publicó un informe preliminar sobre su visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre. El documento fue calificado como parcializado debido a que se omitían los antecedentes del conflicto político, las convocatorias a cercar ciudades que hizo el expresidente Evo Morales y las movilizaciones alentadas por exautoridades, entre otros.

Ayer el jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, envió una carta al responsable de la secretaría ejecutiva del GIEI, Jaime Vidal, en la que solicitó que se realice una investigación “completa, independiente e imparcial”.

“La única forma de alcanzar la reconciliación y reencuentro es que exista una investigación completa de todos los hechos y no sólo de los que le convienen al Movimiento Al Socialismo”, señaló Alarcón.

 El grupo y  labor 

•  Víctimas   La labor del GIEI tomará en consideración la centralidad del sufrimiento de las víctimas de los hechos de violencia y vulneración de derechos humanos de 2019, tanto de los procesos e investigaciones adelantadas, como para los efectos de formular planes de atención y reparación integral de forma individual y colectiva.
• Observaciones   Juan Méndez y Patricia Tappatá fueron cuestionados por supuestamente tener afinidad “kirchnerista”. “En el caso mío se equivocaron gravemente, decían que no actué en casos de presos políticos venezolanos y pude demostrar que eso es falso”, señaló Méndez y Tappatá dijo: “No acostumbro hacerme cargo de ese tipo de opiniones”.

Marlon Weichert (Brasil)

Es fiscal federal en Brasil desde 1995. Ejerció como Procurador Federal Adjunto de los Derechos del Ciudadano. Es especialista en justicia transicional, seguridad pública, derechos humanos y empresas, y prevención de atrocidades masivas. Tiene maestría en derecho constitucional.

Magdalena Correa (Colombia)

Abogada. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector.  Es directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia.

Julian Burger (Gran Bretaña)

Profesor visitante en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex (Reino Unido). Durante más de 20 años dirigió el programa sobre los pueblos indígenas y las minorías en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Ginebra.

 Juan Méndez (Argentina)

Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue relator especial de las Naciones Unidas sobre Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Durante 15 años trabajó con Human Rights Watch  en asuntos de derechos humanos.

Patricia Tappatá (Argentina)

Es directora del Centro Internacional para la Promoción de Derechos Humanos -Unesco, con sede en Buenos Aires. Trabajó para la defensa de Derechos Humanos en Argentina, El Salvador, Haití y Perú. Fue consultora del PNUD en Haití para investigar graves hechos de violación de DDHH.