Al menos 13 exautoridades y del entorno del expresidente Evo Morales se beneficiaron con actuaciones de la justicia en poco menos de un mes o posterior a la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), en los comicios del 18 de octubre, las que van desde la anulación de órdenes de aprehensión hasta el archivo de obrados. De esta manera, al parecer, se cumple lo que dijo el exmandatario el 10 de noviembre, cuando volvió de Argentina y estaba en suelo boliviano: “Es cuestión de tiempo, vamos a liberar a todos y a todas, no se preocupen”.
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Las actuaciones judiciales van desde la anulación de órdenes de aprehensión hasta archivo de obrados. Para analista hay crisis política y de la justicia “muy profunda”.
Al menos 13 exautoridades y del entorno del expresidente Evo Morales se beneficiaron con actuaciones de la justicia en poco menos de un mes o posterior a la victoria del Movimiento Al Socialismo (MAS), en los comicios del 18 de octubre, las que van desde la anulación de órdenes de aprehensión hasta el archivo de obrados. De esta manera, al parecer, se cumple lo que dijo el exmandatario el 10 de noviembre, cuando volvió de Argentina y estaba en suelo boliviano: “Es cuestión de tiempo, vamos a liberar a todos y a todas, no se preocupen”.
La justicia empezó a liberarlos de los cargos en fin de semana y en horas de la noche. El primero en beneficiarse fue el exministro Héctor Arce, en la madrugada del 25 de octubre. Un día después (26) fue el turno de Evo Morales, acusado por sedición y terrorismo, pues según el juez Román Castro “había error” en la notificación.
Luego se beneficiaron los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta y Wilma Alanoca. En el caso de la exministra de Culturas, el fiscal Roberto Marcos Villa rechazó la querella y dispuso el archivo de obrados. El camino estaba expedito y siguieron los exgobernadores Víctor Hugo Vásquez y Esteban Urquizu, luego el asambleísta Gustavo Torrico y Nicolás Laguna, exdirector de Agetic.
Ayer, el canciller Rogelio Mayta, después de la firma de un protocolo con expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aseguró que “tenemos expertos internacionales porque lastimosamente nuestro sistema de administración de justicia no es creíble para los propios bolivianos y eso tenemos que aceptarlo con hidalguía”.
La jueza Claudia Castro, que levantó la orden de aprensión de Quintana, el viernes (20) también dejó sin efecto la detención domiciliaria de la exministra Nemesia Achacollo, involucrada en el desfalco del Fondo Indígena de 71 millones de bolivianos y obras fantasmas, según la Contraloría. Su defensa, Milko Suaznábar, dijo que “la jueza ha considerado como excesivo el tiempo de la detención que cumplía la señora Achacollo”. Estuvo en la cárcel en dos oportunidades. Según el exdirector del ahora Fondo de Desarrollo Indígena, Rafael Quispe, Achacollo no tiene una imputación formal desde 2015, cuando fue denunciada, y no lo tendrá, dijo, mientras continúen los fiscales del caso.
Sobre la actuación de la justicia, la analista Sonia Montaño dijo ayer a Página Siete que la crisis política y de la justicia es “muy profunda” en el país. Afirmó que está “naturalizada la maldad, el robo y la corrupción”. Afirmó que el “presidente en ejercicio (Luis Arce) ya ni se sonroja, hay crisis institucional y crisis ético moral”. Montaño afirmó que las palabras como “concertación, diálogo están desgastadas y ya nadie las cree” porque no son aplicadas.
