El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que investigará los hechos de violencia y la violación a los derechos humanos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, defendió hoy en La Paz su independencia y adelantó que escuchará a todas las partes.

Los integrantes del grupo también indicaron que si es necesario y previa coordinación con el Gobierno extenderán el tiempo de la investigación y también indicaron que podrán investigar hechos que tengan relación con lo ocurrido durante la crisis política.

Marlon A. Weichert, uno de los integrantes de la comisión, destacó la independencia y la interdisciplinariedad del grupo. Según dijo, el grupo está integrado por profesionales independientes seleccionados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desarrollará un trabajo con “profunda independencia” y “autonomía en el análisis”.

También dijo que otra de las fortalezas de este equipo es que sus integrantes provienen de diferentes disciplinas, de diversas carreras y experiencias laborales.

La defensa de la independencia emerge como respuesta a los cuestionamientos sobre las lecturas sesgadas que hizo la CIDH durante los conflictos sociales en Bolivia después de la renuncia de Evo Morales a consecuencia del fraude electoral.

Juan Méndez, abogado argentino, justificó por qué el grupo llegó a Bolivia después de un año de que ocurrieron los hechos luctuosos. “Tuvimos disposición con el gobierno anterior pero vino la pandemia” dijo. También explicó que durante la presidencia de Jeanine Añez no fue posible el desarrollo de la investigación debido a las postergaciones de las elecciones.

Cuestionado sobre su presunta vinculación con el kichnerismo dijo que se tratan de ataques personales del que el gobierno de Añez tuvo que admitir que se había equivocado al vincularlo con esa corriente política argentina.

El grupo comenzó su trabajo en Bolivia con reuniones con el  ministro de Justicia, Iván Lima; el canciller Rogelio Mayta y otras autoridades de Luis Arce. También, según indicó Méndez, hay muchos pedidos de reuniones de las víctimas y grupos de la sociedad civil.

Los integrantes de la comisión no permanecerán los seis meses pero tendrán  una secretaría ejecutiva en La Paz que atenderá de manera permanente los requerimientos de las personas que quieran hacer conocer sus testimonios.

Patricia Tappatá, otra de las integrantes del GIEI, rechazó las acusaciones de presuntos vínculos con el kichnerismo y dijo que éstas corren por la cuenta de quien las dijo. “No acostumbro hacerme cargo de ese tipo de opinión” respondió a la pregunta de los periodistas y afirmó que ella trabaja en la defensa de los derechos humanos y que el único estándar que tiene es la defensa de éstos.

En febrero, el entonces ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, solicitó a la CIDH que el grupo esté integrado por  personas idóneas e imparciales que no pretendan desestabilizar el proceso de pacificación de Bolivia. Observó a  Patricia Tappatá y a Juan Méndez quienes –según dijo entonces- calificaron las movilizaciones ciudadanas de octubre y noviembre de 2019 como un “golpe de Estado” en la misma línea de Evo Morales y su partido. “Esto demuestra la peligrosa tendencia política de ambos integrantes” dijo.

Los integrantes de la comisión también dejaron establecido que el informe que entregarán después de seis meses no dilucidará si lo ocurrió en Bolivia fue “golpe de Estado” como proclama el MAS o “fraude electoral” como señala la OEA y las investigaciones iniciadas por la Fiscalía.

Los alcances del trabajo del GIEI-Bolivia

Julian Burgen, profesor del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex de Inglaterra, explicó que los objetivos de la investigación y las facultades que tiene el grupo interdisciplinario son apoyar y coadyuvar la investigación de los actos de violencia y violación a los derechos humanos ocurridos en Bolivia sin descartar otros temas relacionados a estos hechos.

Dijo que la comisión, que tendrá una secretaria ejecutiva permanente en Bolivia durante el tiempo que duren las investigaciones, procurará conocer los hechos, valorar su importancia y ahondar en investigaciones de los casos más graves.

Las actividades centrales del grupo serán realizar un análisis técnico de las líneas de investigación adoptadas por las autoridades bolivianas para determinar responsabilidades penales, civiles y administrativas; elaborar planes de investigación de los referidos actos de violencia y violación a los derechos humanos y acotar un análisis técnico de atención integral a las víctimas.

El grupo podrá hacer recomendaciones a las autoridades judiciales investigativas, fiscales, funcionarios de la Procuraduría y jueces asignados a los casos específicos y otras autoridades competentes que coadyuven al pleno esclarecimiento de los hechos y también se indagarán las obstrucciones al esclarecimiento de los hechos y toda esta labor será realizada "conforme a los más altos estándares internacionales” de defensa de los derechos humanos.

La comisión también podrá sugerir la intervención del Estado en el desarrollo de un plan de atención integral y reparación humanitaria,  material e inmaterial incluyendo medidas de restitución.

También podrá realizar observaciones o sugerencias para la adecuación de los marcos normativos afectados para que los abusos y vulneraciones a los derechos no vuelvan a ocurrir en el país.

Burger también dijo que el grupo también recomendará que se tomen medidas adicionales que garanticen la seguridad de las personas que colaboren con la investigación como la protección de testigos conforme a la normativa boliviana e internacional.