La CIDH firmó un acuerdo con el Estado boliviano para investigar los actos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en 2019, en razón a eso, miembros del GIE arribaron al país.

“Nosotros vamos a coadyuvar, como dice el texto del acuerdo, en el esclarecimiento de los hechos y en la investigación de las posibles responsabilidades. Nosotros vamos a escuchar a todo el que quiera decirnos algo”, refirió Juan Méndez, uno de los miembros del GIE.

Dicho acuerdo prevé tres tareas: realizar un análisis técnico de las líneas de investigación adoptadas por las autoridades bolivianas para determinar responsabilidades penales, civiles, y/o administrativas; elabora planes de investigación de los referidos actos de violencia y violación a los derechos humanos; y aportar un análisis técnico de un Plan de Atención Integral a las víctimas de los hechos.

El plazo investigativo es de seis meses, pero podría ampliarse de ser necesario. En ese tiempo, el GIE sostendrá reuniones, no solo con autoridades de Estado, sino también con las víctimas, testigos, líderes de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil.

Además de Méndez de Argentina, la GIE está integrada por Julián Burger (Gran Bretaña), Magdalena Correa Henao (Colombia), Marlon A. Welchert (Brasil) y Patricia Tappatá Valdez (Argentina).

“El mandato permite igualmente que el GIE analice, en conjunto con las autoridades competentes, las acciones adoptadas en relación con el mantenimiento de las garantías de independencia, imparcialidad y seguridad de los operadores de justicia en materia de investigación, procesamiento, prosecución y sanción”, manifestó Burger.   

Según miembros del GIE, el objetivo es coadyuvar y apoyar las acciones del Estado en el esclarecimiento de los actos de violencia y en la investigación de las posibles responsabilidades.

“Decir que como he dedicado mi vida entera al trabajo con los Derechos Humanos, si algo aprecio es la existencia de un único estándar que es la defesa de los derechos humanos, cualquiera sea la administración gubernamental que produce la violación a los derechos humanos o que los promueve”, señaló Patricia Tappatá Valdez.

En ese sentido, el GIE podrá realizar recomendaciones a autoridades investigativas (policías, fiscales, jueces, Procuraduría u otros) para llegar al esclarecimiento de los hechos y también podrá hacer observaciones sobre la adecuación de los marcos normativos y las políticas públicas relacionadas con la promoción y protección de los derechos humanos.