En 2016 la concejala del municipio de Viacha Herminia Mamani (MAS) denunció acoso político (presunto) por parte del diputado suspendido de su partido Rubén Chambi, falleció sin que se esclarezca la posible participación del sindicado como responsable del accidente de tránsito que derivó en su muerte. Mamani fue atropellada en febrero de ese año  y entonces, desde la cama de un hospital, acusó a Chambi de ser el autor de las heridas que presentaba.

Entre los casos emblemáticos de acoso político está el de la concejala de San Pedro de Curahuara, Vicencia Apaza, que se compró una moto para llegar a tiempo a las sesiones, de las que no le avisaban  como represalia por fiscalizar al Concejo.

Desde 2010 se han registrado más de 500 denuncias de acoso político, todas llenas de horror y hasta ahora no existen sentencias, los casos van en aumento a pesar del silencio de muchas afectadas y de la impunidad que caracteriza el abuso al interior de los partidos políticos. 

La concejala potosina Azucena Fuertes sólo ayer  denunció los ataques que sufre recordando  que el concepto de violencia y acoso contra las mujeres no se reduce a los ataques físicos, sino que contempla también el agobio permanente al que pueden ser sometidas. La suma de desinformación, chantajes con la vida privada, extorsión ya no son nada al lado de las prácticas estilo Cosa Nostra que rigen habitualmente. Da vergüenza ajena cada vez que Bolivia aparece en el primer lugar de la paridad en la representación política o como pionera en la legislación contra el acoso. Juana Quispe Apaza   tuvo que morir por asfixia en 2012, luego de una serie de presiones y amenazas políticas  que  dieron  origen a   la ley que hoy se ignora.

Pienso en   María Nela Prada, la recién posesionada Ministra  la Presidencia, que sorprendió gratamente diciendo que su gestión debe incluir el compromiso con “Ni una menos”, la campaña más ineficaz -por la falta de resultados- en  reducir la violencia contra las mujeres, y me pregunto si sentirá el peso del compromiso asumido ante la gravedad de la “acción directa” a la que nos tienen acostumbrados los mal llamados movimientos sociales. Esa mezcla maligna entre movimientismo y masismo que  caracteriza  la cultura política nacional, hace difícil que tomemos en serio los rostros amables que acompañan al gobierno.

Mientras tanto, la retórica del vicepresidente Choquehuanca provoca  más lágrimas que la violencia contra las mujeres. No poca gente ha querido leer en las arrugas de su abuela un mundo de buenas intenciones, que día que pasa da paso a la otra cara del gobierno y de la sociedad indolente en que nos hemos transformado, pone su cuota  el Ministro  de Justicia, que destacó  su formación de respeto al Estado de Derecho en un programa de radio, mientras en ese mismo instante cambiaba el color de la injusticia y el abuso. Nos dormimos creyendo que hay esperanza  y despertamos al día siguiente como los monstruos que somos. Vivimos entre los miedos y los  abusos de los que el machismo y el patriarcado son parte constitutiva   y  no debieran ser  minimizados por quienes creen que lo de Sipe Sipe “no es sólo” otro caso de “crueldad machista y patriarcal”. Es principalmente eso y nos muestra que funda  las relaciones sociales hasta de los pachamamistas.

A contrapelo del reconocimiento de los derechos humanos, la sociedad boliviana   ha invisibilizado los crímenes, ocultos  por  la naturalización  del carnaval permanente en que circulan los rostros múltiples de la crueldad, oscureciendo los cada vez menos frecuentes actos de justicia o solidaridad. Los rostros de la política no se arrugan ante el acoso que sufren las mujeres y la sociedad, o lo que queda de ella, frunce la nariz o dice como lo leí en las redes: si la alcaldesa de Sipe Sipe  no decía que no había plata para el desayuno “nada de esto habría sucedido”. Su locuacidad equivalió a mostrar las piernas, un delito mayor a participar en política.