Mucho antes de noviembre del 2019 las fuerzas opositoras al MAS ya actuaban también guiadas por los términos “amigo vs enemigo” propios de la guerra, debido a la necesidad de frenar el copamiento de todos los poderes del Estado por el MAS. Ante este formidable enemigo político, era cada vez más claro que las fuerzas democráticas no tenían otra alternativa que unirse en un amplio frente electoral deponiendo temporalmente sus propias visiones y agendas, y anteponiendo el objetivo de recuperación de la institucionalidad democrática.  

Si se revisa los resultados de las elecciones nacionales desde el 2005 hasta el 2014 era evidente la potencia electoral del MAS (siempre próxima a los 2/3 del electorado) y el achicamiento de la oposición dividida al otro tercio del electorado. En cambio, si se revisa los resultados de los eventos electorales de carácter plebiscitario como los referendos autonómicos, el referendo del 21F y las elecciones judiciales, cuando el voto ciudadano estuvo unificado, se puede calibrar el desgaste del MAS desde los 2/3 entre 2009 y 2014 a menos de la mayoría absoluta entre 2016 y 2019. Este desgaste del oficialismo fue paralelo a la acumulación de poder de una oposición ciudadana que le disputó crecientemente su dominio en las calles, incluso hasta hacerle retroceder en medidas ya aprobadas, como ocurrió con la abrogación del nuevo Código Penal.

A este contexto más favorable para la oposición se añadió el fallo judicial por la demanda boliviana ante la CIJ en La Haya que resultó favorable a Chile. Y ante un panorama con signos cada vez más adversos, el MAS promulgó la Ley de Organizaciones Políticas, con la que intentó legalizar un campo de juego inclinado con condiciones que le eran altamente favorables. 

A los pocos días del fallo en La Haya, Carlos Mesa oficializó su candidatura anunciando la firma de una alianza con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) que le permitía participar en las justas electorales de 2019. Si el objetivo de toda fuerza política es sumar voluntades y restarlas al enemigo común, ¿significó su lanzamiento como candidato una suma cualitativa que permitiría enmendar los yerros de una oposición partidaria hasta entonces dividida?

Como señaló un autor latinoamericano, “la unidad en la política moderna es antes que nada una unidad electoral”. Para añadir luego “quien no sabe sumar debe ir a la escuela, no a la política”, y concluía que: “La unidad política solo puede tener lugar entre quienes buscan una mayoría…  Una unidad con los que no están de acuerdo con la lucha por la mayoría, no es sumatoria, luego tampoco puede haber unidad con ellos” (Fernando Mires, 2014). 

Entonces, el desafío consistía en coaligar las varias agrupaciones partidarias existentes y plataformas ciudadanas en un frente amplio que conciliase los diferentes intereses y concertase una agenda mínima de reivindicaciones democráticas a presentarse ante el electorado boliviano como propuesta de frente electoral.

En ese momento decisivo, pareció que la argamasa que podría aglutinar a esas fuerzas era el liderazgo del caudillo liberal sin partido ni programa, pero que lideraba las encuestas. Por ello se esperaba que en algún momento fuera anunciada la conformación de un frente amplio entre fuerzas opositoras con arraigo en la sede de gobierno, plataformas ciudadanas de La Paz y Cochabamba y otras estructuras partidarias vigentes en Santa Cruz y tierras bajas del oriente. Esto no ocurrió. Igual que en la década anterior, las fuerzas opositoras no llegaron a un acuerdo de unidad que evite la división del voto ciudadano. 

El MAS no estaba dispuesto a aceptar una derrota nacional e intentó perpetrar un fraude electoral para evitar una segunda vuelta en la que podía perder. El fraude fue el detonante para la insurrección ciudadana que trascendió nuestras fronteras y motivó la renuncia de Morales y su salida intempestiva.

¿Qué hubiera ocurrido si a fines de 2018 las negociaciones político partidarias hubiesen dado como fruto un frente amplio opositor conformado por Comunidad (Carlos Mesa), FRI (Walter Villagra), Sol.bo (Luis Revilla), UN (Samuel Doria M), MDS (Rubén Costas) y otras fuerzas locales menores? 

Quizá nos habríamos evitado la conmoción social que siguió al fraude electoral de 2019 y podríamos haber logrado, evitando la polarización extrema, una transición más pacífica y ordenada a un régimen de Estado de derecho, aspiración democrática por ahora postergada. Costará mucho hacer que la población confíe de nuevo en su propia potencia movilizadora para salir en defensa de las libertades ciudadanas.

Queda por hacer un análisis retrospectivo de por qué también fracasaron los intentos de unidad electoral después de la sucesión constitucional del gobierno transitorio de Jeanine Añez y el lanzamiento de su propia candidatura a la cabeza de la alianza Juntos, paralelo al surgimiento de Creemos como otra opción regional que terminó dividiendo nuevamente el voto ciudadano opositor al MAS.

Pero como lo han expresado algunas voces críticas al extravío de la oposición político partidaria, “siempre se puede estar peor” y, ante el peligro inminente de repetir la receta divisionista en las elecciones departamentales y municipales ya convocadas, lo urgente sería que este balance retrospectivo sirva al propósito de que los actores políticos principales asuman su cuota parte de responsabilidad por la reciente derrota electoral y vuelvan al camino de los pactos de unidad opositora para la defensa compartida de los espacios territoriales de poder regional y local.