“Todo este proceso es muy importante porque en las organizaciones sociales existe una mentalidad muy patriarcal, excesivamente machista. Lo primero que hacen, cuando ven a compañeras lideresas con fortaleza y capacidad de decisión, es la descalificación, lo cual no sólo les afecta en su entorno político, sino también en lo interno, a nivel familiar”, explica Carola Farell, quien trabaja con la Asociación de Pueblos Indígenas del área urbana de Santa Cruz.

“Mujeres libres de violencia”

Farell fue parte del encuentro  “Mujeres libres de violencia” que se realizó el 21 y 22 de mayo en La Paz. Allí, seis organizaciones  del país compartieron sus experiencias sobre la adecuación de sus estatutos y reglamentos internos  a la Ley 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres.

“Habernos identificado como mujeres víctimas de violencia política dentro de las diferentes organizaciones a las cuales representamos ya es un paso importante; pero más aún ha sido el  transmitir estas experiencias a  mujeres de otras organizaciones”, sostiene la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Chuquisaca, Uganda Vedia.

Vedia es parte del comité de mujeres de organizaciones sociales contra el acoso político, integrado por mujeres de La Paz.  Cobija, Riberalta, Santa Cruz y Sucre. La entidad trabaja desde el año 2012 impulsando primero la reglamentación de la Ley 243 y, posteriormente, la socialización y seguimiento a la implementación de la misma.

En el encuentro las representantes de organizaciones sociales establecieron un diálogo con la autoridad de la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda forma de Violencia del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO), Maysa Ureña, la vicepresidenta del Tribunal Departamental (TDE) de La Paz, Florencia Laruta, y la representante de la Asociación de Concejales de La Paz, Mónica Patxi, para pedir mayor coordinación.