Eso ha ocurrido con la narrativa del “golpe de Estado” que supuestamente desalojó del poder a Evo Morales el 10 de noviembre del año pasado. Pero todos sabemos que no hubo tal golpe. Sin embargo, numerosos periodistas, experiodistas, intelectuales y académicos insisten con ello, tanto en Bolivia como en el exterior. Es la posverdad más importante de la época que nos toca vivir.

El gobierno del expresidente Evo Morales empezó a debilitarse notoriamente en la fase inmediatamente previa al referéndum del 21 de febrero de 2016. Tanto, que Morales perdió ese referéndum al que había convocado para poder postular a un cuarto mandato. Era la primera vez, desde 2005, que Morales obtenía menos del 50% de los votos en una elección en la que él estuviera en la papeleta.

El cansancio sobre su largo gobierno, el rechazo a los abusos, el repudio a los excesos verbales y de otro tipo de Morales y Álvaro García Linera, el deseo de renovación en la política, el rechazo a los actos de corrupción y de malgasto, agravó esa tendencia. La chispa se encendió el 20 de octubre, cuando algunos integrantes del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenaron suspender la entrega de datos del TREP, cuando la tendencia era de siete puntos de diferencia entre Morales y Carlos Mesa. Cuando se recupera el sistema rápido de conteo de votos, al 17% restante, la distancia había crecido a 24 puntos, para que la diferencia total fuera de 10,5%.

Tres semanas de protestas callejeras generaron una presión enorme al debilitado gobierno de Morales. Fue un evento inédito en la historia boliviana: La Revolución del 52 solo se luchó en La Paz, y otros eventos dramáticos, como la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada, se jugaron en la sede de gobierno y El Alto. Pero que existieran manifestaciones masivas en todas las capitales de departamento del país y otras ciudades intermedias, no había sucedido. Hay quienes quieren ver en esto una “confabulación de la élite”. Es una versión forzada que no explica cómo cientos de miles de personas protestaban contra el fraude ocurrido y la violación al voto popular del referéndum, exigían la recuperación de la democracia plena.

Los militares hicieron bien en afirmar que no reprimirían al pueblo. Finalmente, ante la situación de ingobernabilidad (en los últimos días Morales no podía siquiera llegar a su despacho del nuevo Palacio de Gobierno), las FFAA le “sugirieron” que renunciara al poder. Más o menos algo similar ocurrió en 2003, pero de manera reservada, cuando el alto mando militar le dijo a Sánchez de Lozada que las FFAA ya no reprimirían las protestas que lo agobiaban y aquel supo que era el momento de abandonar el cargo. Lo mismo le pasó a Morales 16 años después. Entonces, si hubo un golpe en 2019 contra Morales, lo hubo también contra Sánchez de Lozada en 2003.

¿Pero qué clase de golpe es que el sufrió Morales si los militares supuestamente “golpistas” no asumieron el poder inmediatamente después? ¿Y cómo es que la Presidenta entrante depuso a esos jefes militares y a la jerarquía policial que se amotinó? ¿Y alguno de esos “golpistas” obligó a los jefes del Senado y Diputados a renunciar a sus cargos, provocando el vacío de poder de 48 horas?

No hubo, pues, golpe de Estado. Un Presidente megalómano y deseoso de eternizarse en el poder fue derrocado en las calles mediante protestas pacíficas. Pero las posverdades son en ocasiones más fuertes que las verdades. Hay decenas de casos como estos para comentar, pero me quedo con uno: igual que en EEUU quedará la idea de que Joe Biden ganó las elecciones mediante fraude, lo que es falso, en Bolivia se mantendrá la idea de que Morales fue víctima de un golpe de Estado.

Pero tal vez sea el expresidente el que nos diera una pista sobre lo sucedido en realidad: en su largo y enredado discurso de renuncia, el 10 de noviembre de 2019, no mencionó a los militares como el factor que lo alejó del poder. Sólo semanas después empezó a hablar de ello. Y no paró más.