El Gobierno de Evo Morales parece que tiene planificada la muerte civil del expresidente Carlos Mesa. Con esta finalidad, la maquinaria del MAS luce bien aceitada y ha comenzado a jugar algunas cartas. Y aunque el exmandatario, fiel a su estilo, decía que no sería candidato presidencial (ahora cambió de idea, y quién sabe mañana), lo cierto es que ha subido la temperatura política y aún estamos lejos de las elecciones presidenciales.

La persecución y judicialización de la política, en este caso, ha comenzado no solo poniendo en duda su honestidad y transparencia como exgobernante, sino que se lo ha incluido en una investigación parlamentaria sobre presuntos hechos de corrupción durante su gestión. Y como si esto fuera poco, el Procurador del Estado ha remitido nada menos que al Ministerio Público una denuncia para que investigue si tiene alguna responsabilidad penal por haber dispuesto la expulsión de la compañía chilena Quiborax, que ahora cobra al Estado boliviano cerca de 50 millones de dólares en cumplimiento de un laudo arbitral internacional.  

El Procurador general del Estado, en realidad, le atribuye a Carlos Mesa haber cometido los delitos de dictar resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Este pleito se remonta al decreto 27589, cuando el exmandatario dispuso la “revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Non-Metallic Minerals S.A. 

La referida empresa promovió un arbitraje en octubre de 2004, cuyo proceso se llevó a cabo entre 2010 y 2013, en la que Quiborax pretendía indemnizaciones que ascendían a $us 150,8 millones entre compensación y resarcimiento por daño moral. Sin embargo, el laudo salió en septiembre de 2015 y ordenó que el Estado boliviano pague $us 57,6 millones.

A tiempo de pedir al procurador que retire la denuncia presentada en la Fiscalía, el vocero de la causa marítima recordó que tanto él como
Eduardo Rodríguez Veltzé lo único que hicieron fue defender los recursos naturales del salar de Uyuni. Al mismo tiempo, comparó la expulsión de Quiborax con las “nacionalizaciones” de Evo Morales, donde el Estado ha sido condenado a pagar (y ha pagado) sumas millonarias de dólares mediante laudos arbitrales por concepto de “nacionalizaciones” de capitales extranjeros en Bolivia. 

En cualquier caso, resulta curioso que hayan dejado pasar tanto tiempo y cuando el Estado boliviano ha perdido el laudo (defendido por la Procuraduría) recién tomen en cuenta que podría tener alguna responsabilidad penal Carlos Mesa. Y como no es el único laudo que tiene (y ha tenido que pagar) el Estado boliviano, la pregunta del millón es ¿cómo podría tener alguna responsabilidad penal el expresidente Carlos Mesa y no tener Evo Morales por todos los laudos condenatorios que ha tenido que pagar Bolivia en los últimos 12 años de administración?

Cabe reiterar que en el Estado Plurinacional se viene imponiendo la ley del embudo: ancha, condescendiente y relajada para los oficialista, y estricta y rigurosa para los opositores políticos. Como hemos sostenido en esta columna, en general, existen dos tipos de investigaciones y de procesos judiciales dependiendo quién o quiénes sean los presuntos autores. En efecto, cuando el autor “confeso” forma parte de las filas del Gobierno recibe un trato y habrá un determinado resultado; y cuando el presunto autor es de las filas de la oposición o potencial candidato, recibe otro muy distinto. 

Lo evidente es que Carlos Mesa, como vocero de la causa marítima, no solo ha defendido el referéndum del 16 de febrero de 2016 y se viene oponiendo a la relección indefinida, sino también se proyecta (en medio de sus ambigüedades) como potencial contendor político del MAS y, sobre todo, se ha negado a ser llunku de Evo Morales, algo imperdonable para los actuales gobernantes.