El Ministerio de Hidrocarburos, responsable de asegurar el cumplimiento de los procesos respecto a las actividades hidrocarburíferas, se mantuvo ausente de la zona, por lo que los defensores reclamaron a funcionarios de Chaco, quienes se negaron a cumplir con la norma que los regula. Tras las protestas, la empresa inició procesos penales contra los cinco defensores, quienes, a la fecha, se encuentran con medidas cautelares, a la espera de los procesos que instauraron por cumplir con su derecho a defender las leyes.

Para el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), el accionar de la empresa es avalado por los operadores de justicia, que además de continuar con los procesos penales, no dan cuenta de las faltas y violaciones cometidos contra los procedimientos legales y los derechos de las comunidades afectadas. El Estado boliviano está obligado a tomar las medidas necesarias para proteger a los defensores, actores fundamentales para la vigencia de un Estado democrático respetuoso de los Derechos.