Las noticias que acaparan los titulares de los periódicos está semana son de índole estrictamente judicial, los problemas del País bajo esa lógica se reducen a detenciones, mandamientos y excarcelaciones, como sí la política no tuviera otra dimensión. En lugar de resolver el problema económico y construir un mínimo de estabilidad, los funcionarios del gobierno, están preocupados en acusar a sus oponentes en lugar de asumir sus responsabilidades de Estado, de forma que parecen intervenir en una campaña proselitista cuando su única tarea exclusivamente es administrar el ámbito público. Mientras otros estados discuten como proporcionar las vacunas del coronavirus a la población, los bolivianos siguen en su merluza electoral y debaten sobre once meses de gobierno, que finalmente terminaron siendo solo un paréntesis de la historia reciente, sin que las grandes contradicciones estuvieran resueltas y sin elementos que cohesionen a una sociedad cada vez más disgregada. Tanto énfasis en los comicios y sus implicaciones, deberían motivar cierta reflexión respecto a lo que enfrentamos, ya que está demostrado que los resultados electorales no diluyen la conflictividad política, al contrario parecen ser una de sus principales causas, precisamente porque sigue por los suelos la reputación del Tribunal Supremo Electoral, pese a que tuvieron que anularse las elecciones del 2019 y sin que importe institucionalmente los serios cuestionamientos que generó el proceso del 18 de octubre. En ese sentido, lo que se debería reprochar a la expresidente Jeanine Añez, es que su gobierno no cumplió con su obligación de garantizar la transparencia en la elección de un nuevo presidente y la conformación del Órgano Electoral fuera de toda sospecha, toda vez que la democracia ya se había quebrado estrepitosamente y no podía la sociedad darse el lujo de caer en los mismos errores y en las viejas trampas. Los anteriores legisladores designaron a los nuevos vocales y fue Jeanine Añez la que directamente eligió a Salvador Romero, sí bien esto se hizo con los dos tercios que tenía el MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cabe recordar que Oscar Ortiz dirigió las deliberaciones y el acuerdo en esa materia, de forma que todos esos parlamentarios son directamente responsables de la crisis institucional en la que nos encontramos y la posterior fobia que tiene el Tribunal Supremo Electoral a que se auditen con imparcialidad cada una de sus actuaciones, condición indispensable para que podamos todos tener tranquilidad. Ahora resulta que nos quieren convencer de que fue “responsable” la suspensión del Sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE), toda vez que un día antes del sufragio determinaron que no era confiable para difundir con exactitud los resultados y ahora valiéndose de un informe de la Unión Europea, nos quieren persuadir de que ese es un argumento suficiente para refutar las críticas. En realidad ese hecho demuestra que no se cumplió con eficiencia el principal objetivo que se tenía, que consistía precisamente en trasparentar y hacer pública toda la información del cómputo, en todas sus fases y mediante el empleo de las plataformas virtuales. No debería haber ninguna excusa en ese propósito y que esto haya sucedido representa un problema insoslayable y una mancha para un proceso en el que es imperdonable que se haya tropezado dos veces con la misma piedra, ahora que estamos en ciernes de otra votación lejos de tranquilizar, esa clase de noticias generan mayor inquietud, porque la paciencia de la gente se está acabando y en lugar de salir del pozo nos hundimos sin cesar y sin aprender.