Ante la resistencia y oposición a estas actividades que afectan a la vida de los habitantes de la comunidad, COFADENA y Mario Orihuela iniciaron procesos penales contra los dirigentes del lugar y contra uno de los propietarios de las viviendas afectadas. En este sentido, se ha evidenciado actos de criminalización de dos defensores, uno en detención domiciliaria, y otro detenido en el penal de San Pedro, en La Paz.

El Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) recuerda a las autoridades nacionales, departamentales, y municipales, que es deber del Estado garantizar que los defensores de derechos puedan cumplir con su labor, tomando las medidas necesarias para evitar que cualquier persona, ya sea autoridad pública, agente estatal o individuo particular, actúe de tal manera que impida el rol de defensa de estas personas. En este caso, no solo se ha obstruido el trabajo de quienes están detenidos, sino que, a partir de esta acción legal, se ha generado un clima de hostilidad contra otros defensores, pudiendo haberlos intimidado y así anular la oposición a las actividades extractivas ilegales y depredadoras.

Este análisis es parte del boletín Alerta Común que elabora el Observatorio de Defensores de UNITAS y que se distribuye, principalmente, por correo electrónico. Si desea recibir este material, le invitamos a verlo y si gusta suscríbase ingresando al siguiente link: https://redunitas.org/boletin-alerta-comun-observatorio-de-defensores/