La violencia en el país ha alcanzado proporciones preocupantes, mientras la impunidad prevalece frente a los abusos, agresiones, terrorismo, y actos temerarios que atentan al bien común, a autoridades, y especialmente contra la gente más vulnerable, como son las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad.

A título de «movilizaciones sociales» se atropella la seguridad de la comunidad y se violentan los derechos humanos sin que exista justicia capaz de sentar un precedente. Todo lo contrario, se alientan los excesos y hasta se califica de héroes a los que intentaron hacer volar la planta de hidrocarburos de El Alto de La Paz «que podía haber ocasionado la muerte de doscientas mil personas» como denunció ayer el exparlamentario Gonzalo Barrientos.

Ejemplos son muchos y un recuento llevaría muchas páginas de periódico, pero es posible citar los más comunes, como los dinamitazos en las manifestaciones, al extremo que en determinado momento se autorizó el uso de estos detonantes como expresión social de los mineros. Los chicotazos que acostumbran los campesinos y los choferes a los que no están de acuerdo con los desmanes; las destrucciones de puentes, carreteras, torres de telecomunicaciones etc. No hay un solo procesado y encarcelado por estos actos de insensibilidad. Recordemos que se ha quemado vivo a un alcalde, se han destruido edificios municipales, y últimamente se han violado los derechos humanos de por lo menos dos altas funcionarias municipales.

El caso de la alcaldesa de Sipe Sipe, Cochabamba, María Heredia (MAS), raya en extremos de crueldad, felizmente fue rescatada luego de ser retenida por más de 24 horas en la carretera entre Cochabamba y La Paz, maltratada por una turba que exigía la firma de un contrato para la dotación de canastas solidarias con fondos del desayuno escolar. Una multitud rodeó a la munícipe para que firme la contratación de dos empresas para la adquisición de arroz, azúcar y aceite destinado, dizque, a 15 mil estudiantes. Heredia, -que se recupera del contagio de coronavirus, y quedó afectada de los pulmones, una de las secuelas de la pandemia- se descompensó por el maltrato y sufrió dos desmayos. Fue asistida precariamente por un médico, porque se impidió que una ambulancia le preste auxilio. La alcaldesa Heredia, fue acosada de diversas formas la agredieron verbal y físicamente, le arrojaron excremento, la secuestraron y obligaron a permanecer en un punto de bloqueo sin alimentos. Los grupos de exaltados pretendieron subirla a un burro. Su desmayo hizo que se logre llevarla a un domicilio cercano. Lo más extraño de este caso es que la agredieron porque la alcaldesa quería que se cumplan los procedimientos legales para atender el pedido de los padres de familia.

Anteriormente hubo otro caso parecido. La alcaldesa de El Alto, fue retenida por vecinos del distrito 14 de esa ciudad, y permaneció en un templo por varias horas. Pretendían que firme un acuerdo para que el municipio entregue víveres. Los padres de familia de esa zona pedían los recursos del desayuno escolar, que no se erogaron por la suspensión de clases como emergencia del coronavirus. Los vecinos querían que ese dinero sea entregado como un bono, primero de 500 bolivianos y luego de mil.

La violencia y las transgresiones al ordenamiento legal tienen origen en la impunidad. Existen Leyes que supuestamente protegen a las mujeres, a los niños y adolescentes, pero no se las hace cumplir. Es el caso de la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Un último informe señala que más de 24 mil casos de violencia en diferentes formas, contempladas en la Ley 348, fueron registradas en lo que va del año. Frente a esa realidad, el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), coronel Juan Carlos Alarcón, anunció un «Plan integral de respuesta frente a la violencia feminicida» cuyo objetivo es la atención y auxilio a las víctimas que sufren violencia por parte de su pareja o los familiares. La Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reprobó los hechos de violencia que se producen en el país. Mediante un pronunciamiento señaló que «la Misión rechaza los recientes incidentes de violencia, hostilidad e intolerancia que se han presentado en oficinas, espacios públicos y redes sociales en contra de servidores públicos, ex autoridades, periodistas, activistas de derechos humanos y algunos actores políticos».

A este paso las reacciones contra la violencia podrían desatar nuevas acciones violentas, por lo que se impone que las Leyes se las hagan acatar por el ministerio público y los jueces competentes.