La brutal agresión de la autoridad municipal se produjo en el tercer día de bloqueo de la carretera que vincula a Cochabamba con Oruro y La Paz, por padres de familia que exigen a la alcaldesa la entrega de una canasta escolar en compensación del beneficio del desayuno que los estudiantes dejaron de recibir por la suspensión de las clases presenciales ante la emergencia sanitaria del Covid-19.

Lo peor es que la agredieron no porque la alcaldesa se hubiera negado a otorgar el beneficio, al contrario, ella accedió a entregarlo y para cumplir con los procedimientos administrativos y la normativa municipal vigente adjudicó la distribución de la canasta estudiantil a una empresa.

Eso molestó a los padres de familia, que rechazan el procedimiento y exigen intervenir ellos en la adjudicación de la empresa proveedora de los productos de la canasta familiar, vulnerando la normativa y el seguimiento a los procesos administrativos.

Como la alcaldesa decidió hacer lo correcto -porque además de lo contrario se exponía a enfrentar procesos por incumplimiento de los procedimientos- entonces los padres de familia decidieron bloquear la ruta troncal, perjudicando a miles de pasajeros, transportistas y exportaciones, y acudieron al recurso que mejor dominan: la violencia, para agredir cobardemente a una mujer indefensa que intentaba cumplir correctamente con su responsabilidad de autoridad elegida por los mismos que le echaban excrementos.

Eso que ocurre con tales detalles no es una historia de terror de ninguna novela policial, sino algo que pasa en el centro del país, a solo 26 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, en la ruta hacia La Paz

No contentos con el abuso, los padres de familia de Sipe Sipe privaron a la alcaldesa de atención médica y no permitieron que sea trasladada en una ambulancia a recibir atención, es decir violaron sus derechos en todas las maneras que encontraron a su mano.

Y ante esos hechos la Policía no actuó, la Fiscalía de aquella región calló y con su silencio se convirtieron en cómplices de las violaciones de los derechos de una mujer que por las informaciones que se conocen cometió el ‘grave error’ de tratar de cumplir las normas y seguir los procedimientos correctos.

Similar conducta tuvieron hace algunos meses vecinos de un distrito de El Alto, que con la misma demanda de canasta familiar con los recursos del desayuno escolar no entregado secuestraron a la alcaldesa Soledad Chapetón y la obligaron a firmar un compromiso. Y solo después de eso la liberaron.

De manera coincidente, en ambos casos la agresión se produjo contra dos alcaldesas, probablemente porque quienes vulneran las leyes e incurren en conductas delictivas que nadie sanciona ven más fácil y quizá hasta ‘natural’ abusar de una autoridad si esta es mujer.

Otros actos de violencia se registraron en los últimos días en los municipios de Warnes y Montero, en el norte de Santa Cruz, en disputas vecinales por la silla del ejecutivo municipal, con cambios de alcaldes y el ingrediente que no falta en estos casos: violencia, mucha violencia.