A esa conclusión llegan políticos de oposición y analistas consultados por este medio, que lanzaron la alerta sobre la intencionalidad del MAS, con su brazo operativo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que ahora requiere sólo de mayoría absoluta, y no de tres cuartos de voto, para aprobar leyes importantes.

En la víspera, los asambleístas del MAS, con su mayoría, modificaron el orden del día de la sesión de la Cámara Baja, establecido inicialmente para la conformación de comisiones y comités, e incorporaron un homenaje póstumo para los fallecidos en los conflictos de Sacaba, Senkata y Pedregal. La resolución camaral planteada por el oficialismo, según la oposición, no refleja la realidad de los hechos.

En conferencia de prensa, los jefes de bancada de diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos denunciaron la imposición con su nuevo reglamento de un homenaje a las víctimas de los hechos de violencia, pero limitándose a aquellos casos en los que las víctimas son afines al MAS.

“Exigíamos en las dos bancadas de oposición que este homenaje no podría convertirse, como se convirtió, en una condena anticipada de completa distorsión de los hechos históricos sucedidos el año pasado”, dijo el jefe de bancada de CC de Diputados, Carlos Alarcón.

Explicó que se solicitó la incorporación de todas las personas afectadas en los hechos luctuosos, pero el MAS no dio opción, declarando “suficiente discusión, y pasar a la votación por mayoría.

No se ha dado el relato “de una realidad histórica de los hechos, haciendo afirmaciones en un homenaje póstumo de golpe de Estado, cuando todos los bolivianos sabemos que en 2019 hubo un tremendo y delictivo y fraude electoral que está en investigación”, dijo Alarcón.

Por su parte, el jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, lamentó que el MAS vuelva a recurrir al “atropello como instrumento político”, lejos del Estado de derecho de la democracia, y peor aún a reutilizar su rodillo parlamentario para “imponer una mirada ideológica, sesgada, distorsionada y parcializada de los hechos’.

Ex vocales salen libres

Entre septiembre y noviembre de este año, cuatro exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) se beneficiaron con medidas sustitutivas a la detención preventiva. Por otra parte, la justicia anuló órdenes de aprehensión contra altas exautoridades, como el exministro de Justicia Héctor Arce.

Ante esto, el exdiputado opositor Gonzalo Barrientos adelantó que el “monstruo azul de 14 cabezas ha comenzado a operar desde la justicia, liberando al exministro, quien es el principal involucrado en el megafraude que se ha registrado el año pasado”.

“A partir del trabajo realizado en terreno, el equipo auditor de la OEA detectó una manipulación dolosa e irregularidades graves en los comicios, que hacían imposible validar los resultados emitidos originalmente por las autoridades electorales bolivianas. El análisis del equipo técnico permitió determinar, en primer lugar, que la paralización del sistema TREP no fue un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática”, especifica el informe final de la auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), que fue solicitada por el Gobierno de Evo Morales, a través de su canciller Diego Pary.

Pero, por los resultados obtenidos en los comicios del pasado 18 de octubre, los exvocales empezaron a tramitar beneficios y pedir el “sobreseimiento del caso fraude”.

Analistas: El MAS

lleva todo para su versión

Analistas consultados por este medio consideran que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está preparando el terreno para sentar su versión de que en noviembre de 2019 se dio un golpe de Estado y que no hubo fraude, pese a que la auditoría fue solicitada por el oficialismo e incluso definió que Morales, al verse acorralado por movilizaciones por irregularidades en los comicios, planteó anular las elecciones y convocar a nuevos comicios con nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Están tratando de llevar todo a favor suyo, todo lo que resultó el año pasado no es para exaltar a un solo sector, entonces lo demás es como si no existiera y esto es una interpretación incorrecta del derecho político que tiene el pueblo a la movilización. No sólo se trata de tocar a las víctimas en este caso de Senkata y Sacaba, sería un reduccionismo que atenta a la racionalidad, al sentido común del pueblo boliviano”, señaló Rolando Villena, ex defensor del pueblo y representante de Conade, respecto al accionar de la mayoría del MAS en el Legislativo.

Respecto a la liberación de los exvocales, señaló que, al hacer este tipo de acciones, están ingresando en una gran contradicción que puede ser un tema que va a polarizar más la sociedad.

“Nos va a llevar más a enfrentamientos, porque otro sector no se va a quedar contento con lo que está haciendo, de manera tal que, permitiendo la liberación, los que están siendo procesados por el fraude electoral es como decir aquí no hubo fraude”, aseguró.  

A su vez, Patricia Velasco, politóloga, señaló el carácter autoritario del MAS con el uso de su rodillo en la Asamblea, anteriormente con los dos tercios y ahora con su mayoría absoluta, para atentar contra la expresión democrática que también tiene la minoría.

“Lamentablemente, la irracionalidad se vuelve a manifestar en el Legislativo, aprueban resoluciones que no condice con lo acontecido y sólo busca reflejar lo que le favorece”, dijo.

Mamani, el cuarto vocal electoral

liberado en los últimos tres meses

El exvocal Idelfonso Mamani, quien permanecía con detención preventiva desde hace 11 meses, por el caso  fraude electoral de las elecciones de 2019, se benefició ayer con la detención domiciliaria, por lo que abandonará la cárcel en próximas horas.

Con él, son cuatro de seis vocales detenidos que se benefician con medidas sustitutivas, luego de su aprehensión por la investigación por delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, manipulación informática, alteración de datos y otros.  

El abogado de Mamani, René Villarroel, informó que se probó que no existía riesgo de fuga durante la investigación, aunque deberá presentar cuatro garantes y dejar una fianza de 25 mil bolivianos.

La semana pasada, obtuvo el mismo beneficio la expresidenta del TSE María Eugenia Choque, que se suma a Antonio Costas y Lidia Iriarte. Siguen recluidos Edgar Gonzales y Lucy Cruz.

Costas

Del otro lado, el exvocal Antonio Costas, uno de los que mayor imparcialidad demostró en el proceso, deberá enfrentar una nueva demanda penal, esta vez por presuntas irregularidades cometidas al mando del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Según las investigaciones preliminares, Costas, en su calidad de director, habría ordenado que las cédulas de identidad podrían llevar la descripción “indefinido”.