"Estamos haciendo la denuncia pública de la vulneración de los derechos de la colega, le echaron con cosas innombrables (...) estamos haciendo las gestiones ante el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia", declaró Sarué.

La directora ejecutiva de Acobol dijo que no era posible que se vulneren los derechos de las autoridades que intentan, como el caso de la alcaldesa de Sipe Sipe, satisfacer las demandas de los padres de familia.

 "Se le privó de atención médica, no permitieron que sea trasladada en una ambulancia, se vulneraron sus derechos", recalcó Sarué.

 Lamentó que, debido al cambio de autoridades, una instancia establecida en la Ley 243, como es el Comité de Atención Inmediata, no está funcionando para atender casos como el que ocurre en Sipe Sipe.

 La directora ejecutiva de Acobol cuestionó los métodos y la violencia utilizados por los padres de familia que procuran una canasta estudiantil en Sipe Sipe. "Acciones muy brutales, de muchísima violencia", apuntó.

Explicó que la autoridad edil, en su afán de hacer lo mejor posible, tiene adjudicada la empresa para distribuir la canasta estudiantil. "Pero ahora, los padres de familia la rechazan y piden intervenir en la adjudicación de la empresa proveedora de los productos para dicha canasta", señaló.

Sarué ratificó las explicaciones de la alcaldesa de Sipe Sipe, sobre el cumplimiento de la normativa y el seguimiento a los procesos administrativos.