Los últimos cartuchos de sagacidad y supervivencia política, están siendo utilizados por el Gobierno para embaucar nuevamente a todo el país, naturalizando la candidatura de Morales en las supuestas elecciones generales del próximo año.

Digo supuestas porque cada día que pasa me cuesta más creer que irán a unos comicios que ellos mismos saben que no podrán ganar, y se me hace casi imposible imaginar a Morales entregando la banda presidencial a nadie más que no sea él mismo.

Y es que entre el mar de dudas e incertidumbres que genera la oposición partidaria, y mientras nos lamentamos acerca de la ausencia de rival o de las escasas posibilidades de éxito de los virtuales candidatos, el gobierno hábilmente está consiguiendo que nos traguemos el intento de reelección de Morales como algo normal. Y, por Dios, ¡claro que no lo es!

La intención de reelección de Morales es absolutamente ilegal, inconstitucional, antidemocrática y antipopular y esas son premisas que no debemos abandonar en ningún momento y sobre las cuales debemos asumir nuestras posiciones y nuestras acciones, independientemente de las coyunturas y circunstancias.

El hecho de que sepamos que este hombre es totalmente capaz de intentarlo, después de haber perdido el referéndum del 21 de febrero, no debe ser motivo para que pensemos que eso es normal; el hecho de que sepamos que para él la verdad, el honor, el respeto a la ley y el espíritu democrático son desechables según las circunstancias, no puede terminar convirtiéndonos a todos en lo mismo.

El vergonzoso fallo de un tribunal constitucional (con minúsculas) que ha pisoteado la Constitución y la voluntad de la ciudadanía por un par de pegas que ahora ejercen sin ninguna vergüenza, no puede de ninguna manera inducirnos al error de legitimar un supuesto barniz de legalidad que pasará a la historia como una de las más negras páginas de nuestra difícil construcción democrática.

Tenemos que recordar en este contexto delirante, que no todo está oleado y sacramentado después del fallo de los amarraguatos del tribunal constitucional; el intento de golpe de Morales todavía tiene que enfrentar la decisión del Órgano Electoral Plurinacional, que, si actúa en apego a la ley y a la norma, no debería permitir la inscripción de Morales ni de García Linera bajo ningún pretexto.

Katia Uriona, la presidenta de la más alta instancia electoral, ha atravesado ya momentos de extrema presión política, que ha sabido sortear
con valor y entereza.

Ella y el resto de los vocales seguramente saben que el destino y las circunstancias los han llevado ineludiblemente al momento más importante de sus vidas profesionales y personales, que los marcará de manera indeleble, para bien o para mal.

La decisión que tomen será de importancia vital para el destino y las causas más importantes del país, pero ellos deben saber que no están solos en esto y que si tienen claras las convicciones de la ley y de la democracia, gozarán del apoyo y del respaldo de una inmensa mayoría del país.
Hoy ellos se han convertido en el límite que los bolivianos no debemos cruzar.