"Estamos proponiendo un paquete normativo que les permita adecuar su normativa interna y así tener mecanismos de protección efectivos para sus comisiones de ética, en asambleas y concejos, para que las mujeres tengan una vía expedita de denuncia", afirmó la Defensora, Nadia Cruz.

La propuesta fue entregada en evento público, al que asistieron representantes de la Gobernación, de la Alcaldía, Policía Boliviana, Órgano Electoral, Fiscalía, la Asociación de Concejalas de Pando (Acopando), además de organizaciones ciudadanas.

"Si bien los números no son altos en cuanto a denuncias sobre acoso político, sí existen casos muchos de estos casos naturalizados sobre este tipo de actos contra las mujeres", apuntó Cruz.

La Defensora del Pueblo destacó la importancia de abordar este aspecto y ajustar los reglamentos internos de los gobiernos autónomos, ante la proximidad de las elecciones subnacionales, en la que se prevé una importante presencia de mujeres, en el marco de la paridad y alternancia de género.

De acuerdo con una investigación de la Defensoría del Pueblo, en 91 gobiernos autónomos regionales, sólo el 19% cuenta con normativas internas adecuadas a la Ley 243 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres.

De ese mismo universo de entidades subnacionales, sólo el 24% tiene en funcionamiento sus respetivas comisiones de ética, con una normativa interna conforme a la legislación vigente.