Cada vez que hay un cambio de Gobierno o cambio de comandante general de la Policía Boliviana, una expresión que se repite indefectiblemente en el discurso de quien posesiona y del posesionado es la promesa de una nueva Policía, de su institucionalización y de eliminar la corrupción de sus filas.

No es posible imaginar un acto de posesión de nuevos jefes policiales sin la solemnidad de la ocasión ni sin esas tres promesas que, a fuerza de repetirse, denotan que en realidad nunca se cumplen.

El lunes por la noche, cuando el presidente Luis Arce posesionó al coronel Máximo Jhonny Aguilera Montecinos como nuevo Comandante General de la Policía Boliviana con carácter interino le pidió institucionalizar la Policía y demandó que no sea objeto de persecuciones políticas.

También le pidió iniciar un nuevo ciclo de reinstitucionalización bajo tres ejes principales: disciplina, dignidad e institucionalidad, además de combatir la corrupción en sus filas.

Hasta ahí, las palabras hacen parte de las rutinas de ocasión que, en éste como en anteriores casos, parecen decirse por cumplir, porque en los hechos el paso del tiempo demuestra que poco o nada se avanza en esos procesos necesarios.

Lo nuevo en el caso de la posesión del lunes fueron las expresiones del presidente Arce cuando afirmó: “No debemos tener una Policía politizada ni tampoco una Policía que sea un instrumento de persecuciones al que piensa diferente, al que opina diferente, sino una policía institucionalizada”.

Las palabras del presidente Arce reflejan con toda seguridad lo que todo el país esperaría de su Policía Nacional: que se encuentre al margen de las influencias e injerencias políticas, lejos de las acciones que beneficien al grupo de poder político de turno, que no persiga a nadie por órdenes políticas o por congraciarse con ningún Gobierno, y que solo vaya detrás de los delincuentes.

Pero, sensiblemente, la Policía, como los cada vez más desprestigiados jueces de la justicia boliviana, suelen estar al servicio de los gobiernos, ya sea por iniciativa propia, por órdenes de su cabeza directa en el Poder Ejecutivo, esto es, el Ministerio de Gobierno, o por conveniencia mutua.

De modo que, si en este caso el pedido viene del propio presidente Arce, el nuevo comandante general de la Policía Nacional tiene la gran oportunidad de honrar las expresiones presidenciales y conformar una institución respetada, que comience a dar los primeros pasos de esa tan demandada institucionalización.

Ojalá en los discursos de las próximas posesiones de jefes policiales se exhortara a los nuevos comandantes a continuar el procesos de institucionalización y a no iniciarlos cada vez, como ocurre hasta ahora.

Por otra parte, si la exhortación presidencial marca una sustancial diferencia con el manejo de la Policía Boliviana que se hizo en los 14 años de gobierno de Evo Morales, entonces hay que celebrar con un optimista ¡Enhorabuena!, porque si hubo un periodo de la democracia reciente en que la Policía y las Fuerzas Armadas fueron utilizadas políticamente fue entre los años 2006 y 2019.

Para muestra, un botón: fue el gobierno del MAS el que impuso en las Fuerzas Armadas el uso de la consigna ‘Patria o muerte, venceremos’, emulando el grito de la guerrilla cubana después convertida en dictadura de la mano del dictador Fidel Castro. ¿Qué evidencia más grande que esa se puede encontrar para demostrar el uso y abuso político de una institución como las FFAA que debieran, igual que la Policía Nacional, estar alejadas del manoseo político?