Dada la naturaleza de la elección de autoridades y representantes departamentales, regionales y municipales, convocada para el 7 de marzo, la definición de candidaturas, en especial para los órganos ejecutivos, sigue una lógica distinta a la de los comicios presidenciales. En el caso del proceso electoral en las entidades territoriales autónomas del país, priman los liderazgos locales y regionales. Y se multiplican las organizaciones políticas con ese alcance, en especial las agrupaciones ciudadanas.

Como se ha constatado en anteriores elecciones subnacionales (años 2010 y 2015), muy pocos partidos políticos tienen presencia orgánica en el territorio nacional. En rigor, solo el MAS-IPSP postula candidaturas en todos los municipios del país. Los otros partidos con personería jurídica vigente se limitan a disputar ciudades capitales y diferentes parcelas territoriales, en algunos casos en alianza con organizaciones locales. Es común también el préstamo —o tráfico— de siglas para fines electorales.

¿Qué se elegirá en las urnas el próximo 7 de marzo? El menú es amplio: gobernadores en los nueve departamentos; vicegobernadores en Santa Cruz, Tarija y Pando; subgobernadores y corregidores en Beni; asambleístas departamentales por territorio, por población y por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas; ejecutivos y asambleístas regionales en la autonomía regional del Gran Chaco; alcaldes; y concejales municipales. Ello implica la postulación de miles de candidaturas.

En ese horizonte, si asumimos como dato no solo la debilidad del sistema de representación política, sino también su fragmentación, cabe preguntar cuál será el desempeño de los partidos y alianzas que compitieron, o quedaron marginados, en las elecciones de octubre. Lo sabremos en dos momentos: el próximo 5 de diciembre, cuando vence el plazo para el registro de alianzas y el reconocimiento de nuevas organizaciones políticas; y en especial el 19 de diciembre, con la inscripción de candidaturas.

Más allá del variopinto inventario de organizaciones políticas, la mayoría de las cuales se activa solo para procesos electorales, será interesante ver el mapa de candidaturas, en especial en la disputa por gobernaciones y alcaldías de las ciudades capitales y El Alto. Y también los programas de gobierno, claro. Se juega en ello la “división vertical” del poder, pero en especial el rumbo del alicaído proceso autonómico en el país, entre un fortalecido centralismo y cantos de sirena federalista.