Medio: El Deber
Fecha de la publicación: miércoles 18 de noviembre de 2020
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, ese es el nuevo cargo en una denuncia que fue presentada en contra del ex vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Antonio Costas, quien debió declarar ayer ante el fiscal Omar Mejillones Copana.
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La denuncia fue presentada por el director del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Mauricio Fernández Méndez, por una supuesta resolución administrativa emitida en 2012, cuando Costas era director del Segip y eliminó la fecha y lugar de emisión de la Cédula de Identidad.
“Esta resolución fue firmada por Antonio Costas, Director de Segip y por Rómulo Calderón que era el director jurídico de ese entonces. Curiosamente ahora aparece como denunciante contra Antonio Costas”, dijo, Andrés Zúñiga, abogado del exvocal.
El abogado explicó que la resolución que firmó su cliente no afecta a la legalidad del documento de identidad de las personas y clarificaba el decreto reglamentario de la Ley 145, esas explicaciones fueron expuestas en la declaración informativa que prestó Costas ante los investigadores y el fiscal.
El caso fue presentado en enero de este año y desde ese entonces no hubo ninguna acción de la fiscalía y ahora se ha replanteado. Las autoridades de la Fiscalía revisaron la ley 145 que crea el Segip, los decretos reglamentarios y las resoluciones administrativas.
Para la defensa, se trata de una persecución política del gobierno de Jeanine Áñez porque la denuncia se presentó en enero de este año, cuando pretendían obligar al acusado a declarar por el caso fraude electoral e inculpar a otras personas.
Antonio Costas es uno de los seis exvocales del TSE que están siendo acusados por un supuesto fraude electoral en las elecciones de octubre de 2019. Esta denuncia solo es contra Antonio Costas y Marco Antonio Cuba Mariño que fue el último de los directores del Segip antes de la caída del gobierno de Evo Morales.
Al final, la fiscalía y los investigadores no emitieron ninguna orden de aprehensión y dejaron en libertad al sindicado, por tanto asumirá su defensa en libertad, dijo su abogado.
