La forma en la que se ha definido el nuevo escenario político electoral en Tarija pinta de cuerpo entero a los asambleístas departamentales, que en seis años han sido incapaces ya no de ponerse de acuerdo en el texto de la Ley, sino en asumir su responsabilidad y ajustar la Ley Electoral a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, que expulsó del ordenamiento jurídico a los subgobernadores con cualidad gubernativa y electos para convertirlos en representantes del Gobernador.

Es verdad que la sentencia chirría con lo que sucede en otros departamentos, como en el Beni, y particularmente con lo que sucede en la Autonomía Regional del Chaco, donde se elegirá un Ejecutivo para toda la región votado por todos los chaqueños, y además, uno en Caraparí y otro en Villa Montes elegido solo por los de Caraparí y los de Villa Montes. En ese entendido, los asambleístas podían haber buscado algún tipo de corrección o acción legal que corrigiera este asunto, pero en vez de eso prefirieron quedarse parados durante seis años para que el centralismo decidiera.

Queda todavía otro asunto por resolver, que es el de la distribución de escaños de la Asamblea Legislativa Departamental, función que se debía haber encargado al Órgano Electoral y que lo hará de oficio

Queda todavía otro asunto por resolver, que es el de la distribución de escaños de la Asamblea Legislativa Departamental, función que se debía haber encargado al Órgano Electoral y que lo hará de oficio, una vez más ante la dejación de funciones.

La eliminación de los subgobernadores electos elimina una distorsión que se introdujo en el Estatuto como cálculo político en la lucha con los alcaldes pero que acabó convirtiendo a Tarija en un reino de taifas, lleno de reyes chiquitos y cortes desproporcionadas consumiendo grandes recursos en funcionamiento y aportando muy poco a la agilidad de la gestión, más bien todo lo contrario.

El perjudicado con la decisión es el MAS, que controlaba ocho de once subgobernaciones fruto de su control territorial y le permitió durante varias gestiones confirmar un lobby de presión que mantuvo en jaque a la Gobernación de Tarija.

La autonomía diseñada en tiempos de bonanza debe eliminar sus taras y excesos y acomodarse a la realidad de la estrechez, no como coyuntura, sino como apuesta a largo plazo. Nunca tuvo sentido duplicar la Alcaldía, más cuando las competencias de las subgobernaciones siempre fueron difusas.

La Autonomía de Tarija vuelve a tener una segunda oportunidad de ser viable a partir del 7 de marzo de 2021, ojalá esta vez todos la sepamos orientar por el camino correcto.