Han sido promisorias las declaraciones del nuevo Ministro de Justicia, Iván Lima, reponiendo en la agenda pública la “Reforma de la justicia”. Pero son solo intenciones iniciales de un desafío colectivo. Algunos apuntes para ir dimensionando ese desafío:

La administración de justicia es esencial en la construcción democrática por las cuatro funciones que debería cumplir: 1. Resolver a través de normas preestablecidas las controversias y conflictos que se suscitan en la comunidad garantizando la paz social. 2. Velar por la vigencia y respeto de los Derechos Humanos, individuales y colectivos, asegurando libertad y dignidad para todas las personas. 3. Establecer seguridad jurídica en todas las relaciones sociales, en base a la pre-visibilidad y legalidad de las normas y el cumplimiento de los contratos. 4. Controlar y limitar el poder estatal frente a la sociedad y sus derechos, impidiendo que las autoridades públicas transgredan el ordenamiento constitucional. 

 No es posible una verdadera convivencia democrática sin estos elementos esenciales que debe proporcionar una correcta administración de justicia. Son elementos que componen, junto a otros, lo que se denomina “estado de derecho”, donde el poder público y su ejercicio emergen del voto ciudadano, tienen el destino único de servir los intereses colectivos y, por tanto, está limitado y reglamentado por la propia soberanía popular expresada en la Constitución.

A la luz de estos conceptos básicos, es posible dimensionar las carencias que tenemos como país y como sociedad en términos de administración de justicia, y la magnitud de los problemas y dificultades que esas carencias aparejan para la mayoría de los bolivianos y para la suerte de la estabilidad y la gobernabilidad democráticas.

No existe una verdadera administración de justicia en Bolivia. No es un servicio público de calidad al que tenga acceso la mayoría de la gente. Es una estructura sin recursos suficientes, burocrática, ineficiente, anticuada y corrupta. En su gran mayoría, carece de autoridades y funcionarios idóneos, no solo faltos de ética, capacitación y experiencia, sino subordinados al poder político, a la influencia económica y a las jerarquías internas, lo que los inhabilita para ser imparciales y probos.

Se trata de una administración que está lejos de ser el mecanismo para resolver legalmente los conflictos, para preservar los derechos, para dar seguridad a la sociedad y para impedir los excesos de los gobernantes. Por tanto, en nuestro país, están en riesgo permanente la paz social, la dignidad y la libertad de las personas, la seguridad jurídica y la propia convivencia democrática.

Nuestra “cultura” jurídica está también a la base de los males de la justicia boliviana. Es una “cultura” donde conviven, sin mucha dificultad, visiones pleitómanas y fetichistas que creen que los problemas en la sociedad se resuelven automáticamente con leyes y juicios;  con visiones que anteponen el uso de la fuerza, la presión y la protesta callejera para la solución de los conflictos, antes que el reconocimiento de normas y leyes que, al estilo de la colonia, “se acatan pero no se cumplen”. Al calor de esa “cultura” la violencia sustituye a una legalidad poco creíble, incrementando la tendencia a la justicia por mano propia, cuya expresión extrema son los linchamientos y en la que el violentismo y el machismo están generalizando los feminicidios o los delitos atroces contra niñas, niños, ancianos y otros sectores altamente vulnerables de la comunidad.

 Pero esta grave problemática no es nueva ni reciente, es consustancial a la existencia del país. No es exagerado decir que en Bolivia nunca hemos tenido una correcta administración de justicia y que siempre hemos estado en “crisis”. Y de ahí que una y otra vez, en cada gobierno, en cada etapa o ciclo histórico, resurja el problema de la justicia como tema pendiente, irresuelto o agravado, y frente al cual, una u otra vez tenemos que emprender nuevas “reformas”.

Si esta vez queremos ser serios, son al menos cinco las grandes carencias centenarias que tienen que encararse para afrontar una verdadera reforma judicial: 1. Carencia de independencia, 2. Carencia de idoneidad, 3. Carencia de recursos, 4. Carencia de acceso y 5. Carencia de estrategia estatal.

Son carencias centenarias, o “de siempre”, pero han sido agravadas durante los 14 años del populismo autoritario y prolongadas durante los 11 meses de la torpe transición de la Sra. Añez.

 
La “Reforma” vuelve a la agenda, volveremos 
sobre el tema.  

 Juan Del Granado es abogado, fue parlamentario y alcalde de La Paz.