La dependencia política de jueces y fiscales es de larga data en el país. Se demostró fehacientemente al caer el gobierno de Evo Morales, en noviembre de 2019. Inmediatamente empezaron a ser liberados varios de los acusados políticos del régimen, entre ellos el líder de los cocaleros de La Paz, Franclin Gutiérrez, y los últimos detenidos del caso Hotel Las Américas. Se fue incluso más lejos, en este tema, y el caso fue cerrado. Finalmente, jueces y fiscales permitieron el retorno de varias personas que habían optado por el exilio durante el gobierno de Evo Morales.

Esa actitud tuvo un cambio de 180 grados tras la victoria del MAS en las urnas. Antes aún de que se produjera la transmisión del mando, los jueces hicieron lo contrario de lo que habían hecho unos meses antes y empezaron a liberar de culpas a los dirigentes masistas, empezando por el expresidente Evo Morales. Entre los liberados están también los siete exrefugiados de la residencia de México en La Paz, que permanecieron en esa legación casi un año.

Para un gobierno, dejar de tener influencia sobre la justicia es algo casi imposible de aceptar. Esas autoridades tendrían que tener un alto grado de responsabilidad y espíritu democrático que los motive a hacerlo. En los años 90 se intentó una reforma judicial, pero ello se debía más bien a la debilidad de las gestiones de entonces y a la creciente presión popular. Sin embargo, esos esfuerzos tampoco avanzaron de manera notoria y varias de las reformas fueron luego revertidas.

El nuevo ministro de Justicia, Iván Lima, es un profesional destacado del ámbito de la justicia; con experiencia en el sector público pues ha trabajado desde inicios de este siglo en las diferentes gestiones gubernamentales -desde Goni hasta Rodríguez Veltzé-, siempre en el ámbito de la administración de la justicia. Aunque su cercanía al MAS data de la época de la Asamblea Constituyente (cuando defendió a varios asambleístas de ese partido que estaban siendo procesados), se advierte que en su perfil prima antes que nada la experiencia, la claridad de propósitos y la noción de la gravedad de la situación de la justicia en el país. 

En una entrevista con este diario, el flamante ministro sostuvo, por ejemplo, que “si no tenemos jueces de calidad nunca habrá calidad en la justicia”; y señaló que el paso para superar esa falencia estructural es institucionalizar el cargo de los jueces; que estos sean posesionados y su permanencia no sea -como lo es ahora- decidida por el poder político. En cuanto a la elección de autoridades judiciales, a tono con las propuestas de Arce y los demás candidatos de esta elección, señaló que hay que revisar la elección por voto, lo que implica una reforma de la Constitución.

De modo que se plantea, el nuevo ministro, tres objetivos en este campo: uno, la institucionalización del Poder Judicial, que evite los interinatos actuales y   dé certezas a los jueces (en ese sentido los jueces tendrían que ser elegidos sin interferencia política y gozar de autonomía); dos, la necesidad de evaluar el desempeño de los jueces; y, tres, fomentar la formación de los magistrados.

Son cosas que otros ministros han intentado realizar en el pasado, y que, sin embargo, no lo han logrado. 

Lamentablemente, el talante autoritario que tuvo el régimen del MAS, emulado luego por el de Jeanine Añez en torno a la instrumentalización de la justicia, no permiten albergar todas las esperanzas. Sin verdadero compromiso político de las más altas autoridades, ello no puede funcionar y la justicia boliviana se encuentra en estado de calamidad. 

De todos modos, las ideas del ministro son destacables, van en el sentido correcto y hay que esperar que gocen del respaldo abierto de la presente gestión. 

Con todo, sus ideas son también incompletas: una reforma integral de la justicia debe incorporar el tema del imprescindible aumento del presupuesto, de la mejora de la eficiencia judicial y de la incorporación a la reforma de fiscales y policías miembros del Ministerio Público. ¡Buena suerte, ministro Lima!