A nivel general incluyendo ambos bandos y, principalmente al ciudadano que no hace política partidaria de manera regular, cunde una desagradable sensación consistente en que estamos o volviendo o ingresando a un estado de impunidad. Esta palabra cuya acepción jurídica proviene del vocablo latino impunitas, ocurre cuando la persona que ha cometido un delito no recibe el castigo que merece, por la intervención de factores tales como la incapacidad del sistema de justicia (retardación, abandono de procesos, déficits investigativos u otros factores) así como por la influencia de poderes fácticos que afean su deseable independencia: dinero, corrupción, tráfico de influencias, cobardía, etc. 
A la vista de las últimas liberaciones express vomitadas por el sistema penal (algunos fiscales + jueces) precisamente como consecuencia inocultable del resultado del 18-O, la ciudadanía (incluye a los vencedores y perdedores de aquellas elecciones) ha quedado con la muy pero muy desagradable percepción que estamos en un peligrosísimo estado de impunidad generado por la asquerosa intervención de la política partidaria en la administración de justicia, fundamentalmente penal: la Fiscalía está obligada a proceder en todos los casos con base a su obligación constitucional que es su razón de ser, consistente en la objetividad, que se traduce en su deber ineludible de investigar con igual celo tanto aquellos hechos o circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, como también aquellos que le eximan, extingan o atenúen y, los jueces someterse sólo a la CPE, los IIII y las leyes, además de su conciencia, claro está.
Tratándose de aquellas investigaciones en las que estaban investigados altos cargos del anterior régimen y hoy gobierno vencedor del 18-O, fuera una necedad ignorar que precisamente por ese resultado electoral –piensen lo diferente que fuera si el resultado sería el contrario– e incluso hasta sin que aún el nuevo gobierno asuma, esos operadores disfrazados de jueces y fiscales, se “han dado cuenta” aproximadamente un año después de los hechos y procedimientos, que habían estado viciados de nulidad. No cabría descartar que algunos lo hayan estado efectivamente, pero asombra que de ser así, le hayan estado metiendo no más por cerca al año (conste la máxima duración de esos procedimientos es de 3) y hoy, hayan “descubierto” recién sus “errores”, que además, no los cometería un estudiante bastante opa del primer año de Derecho. Así las cosas, nadie duda razonablemente que si bien los procesos como tales no se han cerrado, parece una misión imposible que un Ministerio Público cuyas estructuras de decisión obedecen al partido de gobierno, investigue hasta dar con la verdad real de lo acontecido y actúe en consecuencia, al igual que la judicatura. Esas nulidades declaradas son el inicio del fin de esos procesos que les queman las manos, con lo que a mediano plazo se impondrá el estado de impunidad en tales causas. 
Los efectos de ese estado de impunidad para una sociedad y un estado genuinamente democrático son devastadores, incluyendo, conste, al gobierno que administra el estado que se trate. Sin ánimo de exhaustividad, cabría por lo menos reparar en que quienes cometieron esos delitos y no reciben el castigo que lo merecen, no dudarán en repetir sus “travesuras” y además, para quienes observan esos ilícitos no sancionados, tienden a imitar ese hecho esperando similar tratamiento y, probablemente el más grave, es que se instala el convencimiento general que el estado y sus instituciones no sirven para nada útil que no sea perpetuar ese estado de impunidad, con lo que el gobierno que administra ese estado, se auto golea pues se muestra como incapaz para cumplir una de sus principales obligaciones: hacer cumplir la ley, incluyendo las que sanciona su órgano legislativo. Por eso, Francisco de Miranda sentenció: “Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud”.