Cándido Tancara Castillo  / La Paz

El Gobierno anunció ayer que si la Fiscalía General establece “graves violaciones” a los derechos humanos en la investigación por los decesos en Montero, Vila Vila, Sacaba, Senkata y otros lugares, después de las elecciones fallidas el 20 de octubre de 2019 y la renuncia de Evo Morales a la presidencia, en noviembre del año anterior, se instaurará un juicio penal contra la expresidenta Jeanine Añez, de lo contrario se efectuará un juicio de responsabilidades a través del Legislativo y para ello se requerirán dos tercios de votos.

“Solamente con la autorización del Legislativo y con dos tercios (de votos) se podría iniciar juicio de responsabilidades contra la expresidenta (Jeanine) Añez, (pero) esta situación tiene una excepción que es la referida a los casos de graves violaciones a los derechos humanos”, informó a Página Siete el ministro de Justicia Iván Lima.

Precisó que si la Fiscalía prueba las “graves violaciones” en los hechos violentos en las señaladas poblaciones, la exmandataria perdería la posibilidad de ser enjuiciada vía Parlamento en aplicación de la Constitución Política del Estado (CPE). “Nuestra Constitución establece que cuando se da una violación flagrante a los DDHH no se tiene ningún fuero ni privilegio. Esto es una tradición de la CPE, no creado en (la CPE de) 2009 sino desde la CPE de 1967. Existiendo esta norma hay un debate jurídico sobre si se debe esperar la autorización de la Asamblea o llevar un juicio en la vía ordinaria contra la expresidenta Añez”.

El informe “Crisis de Estado Violación de los Derechos Humanos en Bolivia octubre diciembre 2019”, presentado en septiembre por la Defensoría del Pueblo, señala que se “cometieron delitos de lesa humanidad”, pues se registraron 37 muertes durante la intervención conjunta de la Policía  y las Fuerzas Armadas en Sacaba y Senkata. Un informe de Human Rights Watch, presentado en septiembre de 2020, señala que en los días previos y posteriores a la renuncia de  Morales, 35 personas “fueron asesinadas” y   falleció un herido en noviembre de 2019. El exministro de Gobierno  Arturo Murillo  aseguró a HRW “que el MAS mató a sus propios partidarios en Sacaba y Senkata”.

Lima confirmó que el 23 de noviembre arribarán al país cinco expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) para investigar los fallecimientos después de los comicios del 20 de octubre y posterior a la renuncia de Morales. “Si esta comisión después de seis meses de intenso trabajo concluyera que la expresidenta Añez y otras personas vinculadas a los hechos ocurridos en 2019 han violado los DDHH de los bolivianos, existiría un elemento contundente y evidente para dos aspectos: que el Legislativo autorice (a través de los 2/3) el inicio de juicio de responsabilidades” o que el “informe (de la CIDH) podría permitir a la Fiscalía General definir la situación de la expresidenta Añez en la vía ordinaria”. Precisó que la Fiscalía definirá si el juicio contra Añez irá vía ordinaria o por el Legislativo. “Quien va a terminar definiendo qué camino procesal utiliza, si ir a pedir 2/3 al Legislativo o seguir juicio en la vía ordinaria, presentando una imputación formal contra Añez es el Fiscal General (Juan Lanchipa), con todos los elementos que se le van proporcionar, es quien va a decidir en esta materia el camino a seguir”.

Consultado si la CIDH hará una investigación antes y después de la renuncia de Morales, Lima aseguró: “Exactamente, todos los bolivianos tienen que estar tranquilos y seguros que esos hechos van a ser parte del trabajo de investigación de la CIDH”. Afirmó que la Cancillería firmará un protocolo para otorgar acceso a toda la información a los expertos, de las FFAA, Policía Boliviana, Poder Judicial, Fiscalía General, entre otros. Dijo que el “Ejecutivo no puede involucrarse en este caso para garantizar la independencia judicial”. Lima afirmó que los informes sobre los decesos en Sacaba, Senkata y otros lugares, elaborados por la Defensoría, HRW, Legislativo 2015 -2020, se encuentran en un mismo nivel y para la Fiscalía son  “un elemento más” para decidir por la vía ordinaria o el Legislativo. “Lamentablemente el Legislativo (anterior y controlado por el MAS) ha emitido un informe que no tiene consecuencias jurídicas”.
 

Piden investigar casos poselectorales
 
Comunidad Ciudadana (CC) pidió ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH OEA) que investiguen todo lo ocurrido respecto a los conflictos postelectorales de 2019. “No solamente se pueden investigar las muertes de Sacaba y Senkata, también se pedirá que se investiguen las muertes de Montero y los hechos que se vivió cuando estábamos sin gobierno en el país, y La Paz quedó sujeta a los enfrentamientos de grupos violentos. La CIDH debe investigar todo de manera completa, no de manera sesgada”, sostuvo el  diputado por CC Carlos Alarcón.

Rolando Villena, representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade),  pidió investigación completa. “No puede haber una investigación parcializada, sería gravísimo porque hay varias víctimas en los hechos del año pasado, si hacemos una ligera remembranza de lo que pasó en Ventilla es lo mismo, de la gente que venía de Potosí donde una chica fue vejada incluso”, dijo en radio Fides y recordó   la quema de los 66 buses PumaKatari, el ataque a la casa de la periodista Casimira Lema y del exdefensor del Pueblo  Waldo Albarracín.