Los amagos de “protesta contra el resultado de las elecciones” se extinguieron, huérfanos de apoyo social. Tampoco tuvieron eco en el exterior del país, excepto en pequeños núcleos estipendiados por la ultraderecha española y por fundaciones yanquis como la de Sánchez Berzaín. Pero, no habría que bajar la guardia, esos grupos alientan peligrosas posturas de fanatismo regionalista y religioso, tienen a su disposición mecanismos tecnológicos para hacer campañas de mentiras y desinformación como lo hicieron y lo siguen haciendo en Brasil, y no les faltarán recursos financieros proveídos por agencias estadounidenses (demócratas o republicanos son casi lo mismo en esta materia).

Otras tres señales no precisamente positivas en los tiempos que corren: Una, las desaforadas acciones de grupos de partidarios del Gobierno en la captura y/o recuperación de “pegas” en el aparato estatal. Dos, el inocultable comportamiento servil de la Justicia frente al poder; durante el gobierno “transitorio” liberaron o atenuaron las presuntas culpas de los enjuiciados por el MAS (Cossío, Marinkovic, Roca, Reyes Villa, Pepelucho, y otros), ahora hacen lo propio con los del MAS enjuiciados por el gobierno transitorio: (Quintana, Zavaleta, H. Arce, Alanoca, Moldiz y otros); jueces y fiscales se gradúan de camaleones. Y tres, no faltan militantes masistas que sueñan con que el país sea gobernado desde el Chapare, faltan respuestas contundentes de que tal cosa no ocurrirá.

Por último, una señal que viene del pasado. Hace 41 años, un 1 de noviembre, mediante una asonada militar-civil antes de cumplir tres meses, fue derribado el primer gobierno civil después de 15 años de regímenes castrenses. Alberto Natusch, que había sido asiduo miembro del gabinete de la dictadura de Banzer, fue el encabezador del golpe junto a civiles de dos alas del emenerrismo (MNR). Duró apenas 16 días en el gobierno, a costa de una horrenda matanza que, por la fecha en que se inició, pasó a llamarse la Masacre de Todos Santos. Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos: 76 muertos, 140 desaparecidos y más de 200 heridos. Los golpistas, tras dolosas negociaciones con los dirigentes políticos del Parlamento, se deshicieron del presidente interino, Wálter Guevara Arze, que en condición de presidente del Senado se había hecho cargo del mando para convocar a nuevas elecciones. Lograron también el compromiso de la más completa impunidad, nadie —ni militar ni civil— fue juzgado, ni siquiera removido de su cargo. Y el hecho tuvo además una tremenda agravante, ocurrió a pocas horas de concluida la Asamblea General de la OEA, evento en el que Bolivia obtuvo un resonante triunfo diplomático sobre su reclamo marítimo. Los representantes de varios países fueron espectadores involuntarios de la forma como desde los tanques y helicópteros disparaban contra el pueblo, armado solo con piedras y su coraje.

De un modo bastante espúreo llegó a la presidencia Lydia Gueiler Tejada, quien presidía la Cámara de Diputados. ReaIizadas por tercera vez las elecciones en 1980, casi los mismos militares golpistas desconocieron sus resultados y tomaron el poder, otra vez de forma sangrienta, el 17 de julio. Para no olvidarlo.

Los amagos de ‘protesta contra el resultado de las elecciones’ se extinguieron, huérfanos de apoyo social.