Luis Arce tenía que organizar un Gobierno no sólo diferente –y para ello prescindir del entorno evista– sino también tenía la obligación de imponer una purga en las filas de su partido, como una señal de que es el nuevo gobernante y tiene toda la legitimidad para hacerlo y cuanto antes mejor.

Al margen del discurso confrontacional e incluir solo a tres mujeres y tratar de echar a Jeanine Áñez la culpa de la crisis económica, política, social y sanitaria, ha conformado un Gabinete con jóvenes profesionales (muchos juraron sin el brazo izquierdo en alto) que, en términos formales, se proyecta auspicioso.

La mayoría del pueblo boliviano ha votado por Luis Arce y, por tanto, éste ha contraído un compromiso político que debe honrar, aunque sea sacrificando la ambición del jefazo, y ha dado algunas señales en esa dirección. Que tiene que gobernar para todos los bolivianos, corregir errores y mejorar todo lo que está bien, parece imprescindible para una nueva administración masista. Sin embargo, la voluntad de restituir los dos tercios en el reglamento de debates de la Asamblea Legislativa hubiera sido la señal perfecta de que soplan otros vientos en el MAS.

Los gobernantes tienen la enorme responsabilidad de administrar el Estado y hacerlo mejor que los anteriores e, igualmente, realizar una purga radical en las filas azules, porque necesitan de un partido reinventado, renovado, depurado, con proyección de futuro. Hay altos dirigentes y exautoridades con procesos judiciales –acusados de cometer delitos graves, muy graves y gravísimos– que han traspasado los límites legales, éticos, de la tolerancia y las reglas democráticas. El propio Evo Morales no ha dejado de incitar a la violencia, los bloqueos suicidas, la privación del libre tránsito, de alimentos, entre otros.

En los sucesos del año pasado se evidenció la vinculación del MAS con el terrorista peruano Óscar Serna Ponce, condenado por el secuestro de Samuel Doria Medina. En realidad, no se trata de un simple simpatizante o militante del partido, sino de un jefe de campaña que se pavoneaba con el exministro de Gobierno Carlos Romero.

Que los mandatarios hayan obtenido el 55% de la votación no significa eliminar (como por arte de magia) todos los procesos judiciales, menos imponer la impunidad para sus “delincuentes confesos”. Ni perdón ni olvido para los que abusaron del erario público o cometieron delitos comunes, comenzando por la cabeza del partido, debe ser la consigna.

El MAS necesita reinventarse y reconocer que existe una nueva realidad nacional. La sociedad ha cambiado y no está en condiciones de volver al verticalismo, uso inapropiado de los bienes del Estado, permitir que los gobernantes salten por encima de la Constitución y de las reglas democráticas. Hay un pueblo vigilante y no parece dispuesto a permitir los abusos de poder, la venganza y la persecución política, la corrupción, el despilfarro, que caracterizaron la gestión de los 14 años pasados de gobiernos masistas. El actual tiene que garantizar la libertad de expresión, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión y, sobre todo, ser tolerantes con quienes tienen ideas distintas y piensan diferente.

Los objetivos partidarios del MAS no pueden estar al margen de la ley, la Constitución y los principios democráticos. El partido de Evo Morales tiene un precioso tiempo para reinventarse, reproducir el poder y su liderazgo, siempre y cuando depure de sus filas a elementos terroristas, condenados judicialmente, acusados de cometer graves delitos y radicales que le hacen un flaco favor tanto a los actuales mandatarios, como al Gobierno y a su estructura partidaria.