La destrozada credibilidad del Gobierno

Si hay algo en lo que coinciden todos los sondeos de opinión pública que se han hecho durante los últimos meses, es en que la popularidad del actual gobierno ha ingresado en un proceso de constante deterioro.

Son muchos los factores que se suman para dar tal resultado, pero entre ellos sobresalen dos. Uno es la corrupción. El segundo, la pérdida de credibilidad.

Una muy elocuente muestra de los extremos a los que ha llegado este segundo factor destructor de la legitimidad gubernamental es lo ocurrido con el asesinato del que fue víctima el estudiante Jonathan Quispe.

Se trata de algo que ya supera los límites de lo tolerable. Lo dicho y hecho por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, ya no puede ser calificado sólo como un gravísimo error, al que habría sido inducido por factores ajenos a su voluntad y autoridad, como sostuvo ayer al intentar justificar su actuación. Es algo cuya gravedad marca un límite que ningún gobierno puede permitirse cruzar sin poner en riesgo su propio futuro.

A pesar de ello, y lejos de afrontar tan crítica situación con alguna muestra de autocrítica y propósito de rectificación, lo que hizo Romero fue reincidir en la misma actitud al dar su aprobación a la versión policial, expuesta por el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, según quien el autor del crimen actuó por propia iniciativa. Dijo que se trató de un acto de “absoluta responsabilidad personal” y aseguró que la canica utilizada no forma parte del equipamiento policial, a pesar de lo abundantes que son los indicios de que esa es una más de las mentiras que tanto han abundado los últimos días.

En efecto, son muchos los antecedentes del caso que permiten afirmar que no es la primera vez que la Policía recurre al uso de canicas como medio de represión contra manifestantes. Ya en marzo los dirigentes de la la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) denunciaron, con pruebas en la mano, que la Policía usa canicas para reprimir las protestas sociales desde hace bastante tiempo.

El asunto, grave de por sí, lo es más aún si se considera que en Venezuela el tema tiene largos y comprobados antecedentes. Se ha demostrado que la Guardia Nacional de ese país hace más de un año incorporó los cartuchos con canicas a su arsenal represivo en circunstancias y con resultados muy similares a los que ahora se presentan en Bolivia.

En tales circunstancias, el Ministro Romero le debe al país algo más que una disculpa. Su renuncia es lo menos que se puede esperar. Y los altos mandos militares no deben quedar una vez más impunes.