La primera semana del gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca ha sido de evidentes reacomodos en la administración pública; previsibles, como en cualquier cambio de gobierno, pero también por el encono con que muchas personas han asumido la tarea de expulsar a las y los servidores contratados durante el gobierno transitorio, así como en el empeño puesto en apropiarse de los espacios de trabajo.

Previsible porque la lógica clientelar a la que está tan acostumbrada la clase política, especialmente desde los años del neoliberalismo, también ha hecho mella en la moral de la población, que halla normal que la gente apele a una suerte de derecho al goce de un cargo público (y el correspondiente salario) solo por haber puesto el cuerpo en tiempos de campaña o de persecución, y al mismo tiempo considere inaceptable que los adversarios tengan idénticas ideas.

Además, la situación tiene el agravante de un aparente deseo en muchas personas de desquitarse de las humillaciones sufridas hace un año, cuando luego de la confusa sucesión presidencial se desató una masacre blanca en casi todas las instituciones públicas, seguida de persecución judicial y policial contra personas consideradas relevantes en el gobierno que acababa de ser derrocado. Estas personas no se han dado cuenta de que no es posible reparar una injusticia infligiendo una peor.

También es llamativo el que se hayan desatado pugnas dentro de los grupos asociados al masismo, entre quienes reclaman por nuevos puestos de trabajo y quienes ya los tienen desde hace años y hoy son calificados de “traidores” por haber conservado su empleo durante el año de transición. El control corporativo de los ítems laborales no solo es enemigo de la institucionalidad, también lo es de la eficacia en la gestión.

Hay, pues, una visión de la burocracia del Estado como agencia de empleos o como juego de toma de posiciones simbólicas, pero no como servicio al país. De nada parece haber servido la campaña lanzada hace más de una década por la entonces Viceministra de Transparencia para recordar a quienes trabajan para el gobierno o cualquier otra área del Estado que son servidores públicos y no “empleados”. La distinción va más allá de un asunto de status laboral, tiene que ver con la cultura política de los individuos y el modo en que se concibe al Estado.

Al margen de que lo que aquí se comenta sea un fenómeno extendido o apenas unas manifestaciones puntuales convenientemente amplificadas por algunos medios de comunicación, lo cierto es que el país necesita una sociedad (y sobre todo su clase política) con valores renovados, que se funden en las dolorosas experiencias de los últimos meses, precisamente para evitar caer en los mismos errores que produjeron la ruptura constitucional de hace un año. El Vicepresidente ha señalado el camino en su discurso inaugural, ahora toca ver quién está dispuesto a recorrerlo.