En el mundo al revés que ha construido el gobierno del Presidente Morales, “No”, quiere decir “Sí”. Independencia de los Órganos del Estado quiere decir dependencia de éstos del poder supremo del Presidente. Competencia política quiere decir guerra contra los enemigos. Pluralismo y derechos de la oposición quiere decir judicialización de la política y persecución a golpe de juicio de los adversarios. Soberanía Popular quiere decir soberanía del poderoso por encima de la voluntad popular.

Es en este contexto en el que el gobierno ha decidido destruir mi imagen, mi honra y mi dignidad. ¿Por qué? Porque el Presidente no cree cuando digo que no voy a ser candidato a la presidencia. Está seguro de que es una estrategia distractiva para –a último momento– presentarme y serlo. Porque además, por las razones que sean, cree que puedo ser un contendiente con altas opciones que complicaría sus ilegales aspiraciones de postularse por cuarta vez y ser Presidente por otros cinco años.

¿Cuál es el método que usa su gobierno para destruirme? Una estrategia de demolición que consiste en debilitar sistemática y progresivamente las mayores fortalezas de quien es hoy su blanco: credibilidad e imagen.

¿Cómo se aplica? Comenzar de menor a mayor una serie de ataques que poco a poco se van convirtiendo en “investigaciones”, acusaciones, juicios y condenas ejecutoriadas. En el camino, cada disparo busca debilitar la imagen, generar dudas en la opinión pública, lograr a fuerza de medias verdades, mentiras abiertas y calumnias, que los ciudadanos empiecen a dudar hasta terminar, en un porcentaje significativo, convencidos de que el acusado es, como “todos” los políticos, un corrupto. En el proceso, su credibilidad va disminuyendo día a día hasta que queda seriamente dañada.

¿Cuál es el último paso de la estrategia? Un disparo de terceros, aparentemente desvinculados con la ya obvia acción del gobierno, que demuela definitivamente los atributos que le daban fortaleza al adversario dejándolo totalmente destruido.

Desde que salí del gobierno fui sometido a dos investigaciones y una acusación de la fiscalía que fueron desestimadas por el Fiscal y por la Asamblea. Esa primera fase terminó en 2011. Desde que en septiembre de 2015 dije públicamente que votaría en contra de la modificación del artículo 168 de la Constitución en el Referendo del 21F, he vuelto a estar en la mira. Primero fue la intención de involucrarme en el caso misiles con una increíble “adenda” del Tribunal de Justicia en un proceso que ya tenía sentencia y en el que yo no había sido acusado. Presenté una acusación contra dicho Tribunal y este no tuvo otro remedio que retirar el vergonzoso párrafo.

Sigue el caso Camargo-Correa en el que, vulnerando las más elementales normas éticas, la Presidenta de la Comisión Mixta de la Asamblea, da información (falseada sistemáticamente), emite opinión, prejuzga y hace insinuaciones o acusaciones en mi contra. Se permite hacerlo en medio de la investigación y afirma que “desde ahora (cuando a ella le parece)” se me investiga por corrupción. En medio de ese caso, el Procurador General me acusa en el caso Quiborax de daño económico al Estado, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, etc. En ambas investigaciones están ligadas indisolublemente tres gestiones de gobierno: Mesa-Rodríguez-Morales, pero para que no hayan dudas sobre la intención sólo se me investiga y acusa a mí y ninguno de los responsables se ruboriza. Se deben investigar sobornos registrados en el periodo entre septiembre de 2005 y agosto de 2008, pero toda la artillería se enfoca en mi periodo gubernamental (que terminó en junio de 2005). Se abre la investigación a partir de un acuerdo de crédito entre Bolivia y Brasil de 2004, cuando ni un centavo de ese crédito se usó para financiar la carretera investigada. Se cuestionan mis decretos que nunca entraron en vigencia porque mi gobierno no pudo cubrir la contraparte imprescindible para su ejecución…

En el caso Quiborax se me acusa de daño económico al Estado cuando fue la Procuraduría del actual gobierno la que defendió mal los intereses de Bolivia y peor aún, se me acusa de la expulsión de una empresa chilena que trabajaba fraudulentamente en el Salar de Uyuni, cuando esa expulsión fue determinada por mí y ratificada por el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Que la ciudadanía no tenga duda de que esta estrategia va a continuar. Ahora mismo deben estar planificándose otros temas de ataque: El Referendo de Hidrocarburos, los decretos de amnistía, mi defensa en Monterrey de la Demanda Marítima… todo vale para ejecutar esta inicua decisión.

Es, en suma, un mundo bizarro en el que los ciudadanos estamos librados a la discrecionalidad de quien manda, y quien manda ha perdido la noción de una realidad basada en el respeto a los derechos y garantías democráticos de todos.