En una entrevista para televisión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero (24 de julio de 2016), le pregunté por el tema de la Justicia en los siguientes términos:

Hay un columnista bien de derecha, que fue un hombre muy cercano al general Banzer, se llama Manfredo Kempff —es novelista además —, que ha utilizado un término que me parece interesante para generar reflexión. El término es “fiscalato”. Dice que los fiscales hoy en día hacen y deshacen en Bolivia. Si a esto le sumamos los consorcios de abogados, la carga procesal y la retardación de justicia, y el hecho de que la gente más pobre, sin capacidad para pagar un abogado por un  juicio cualquiera se encuentra en estado de indefensión, nos lleva a encontrar un panorama lúgubre ministro.

Romero respondió con los siguientes criterios:

Comparto absolutamente. Es decir, el fiscal es un súper poderoso en el diseño del procedimiento penal. De alguna manera el procedimiento penal es la cara de la justicia en cualquier país del mundo, es donde se juegan los más altos intereses, donde se juega a la libertad o la prisión de una persona, donde se juegan los patrimonios. Entonces el tema penal cómo cara de la justicia tiene en los fiscales a unas autoridades súper poderosas que hacen y deshacen con los procesos, que los dilatan a conveniencia, que articulan muchas veces consorcios de abogados. En su momento nosotros los denominamos “redes de extorsión” que han sometido a la justicia básicamente a una condición de un sistema absolutamente mercantilizado, prebendalizado. En determinado momento, parafraseando a Marx en el “Manifiesto Comunista”, a propósito de la caracterización del Capitalismo, yo decía: en la justicia todos los litigios se compran y se venden, lo único que está en discusión es el precio. Tal vez llevando el análisis a una situación extrema, porque seguramente habrá también fiscales y jueces muy honestos, nunca se puede generalizar; pero evidentemente la justicia boliviana ha alcanzado sus mayores niveles de crisis estructural. Ahora esta crisis estructural tiene diferentes abordajes, algunos desde una interpretación política dirán que la justicia está en crisis porque está subordinada al poder político, porque los masistas manipulan la justicia para hacer política y perseguir a los opositores, entonces por eso está en crisis. Otros dirán: La justicia está en crisis porque se inventaron en la Constitución la elección, mediante voto, de las autoridades jerárquicas el órgano jurisdiccional. Otros dirán, desde una perspectiva más administrativa, y de este lado de los operadores de Justicia: La justicia está en crisis porque el Estado no nos asigna suficiente presupuesto para tener más juzgados y trabajar de mejor manera. En fin, hay interpretaciones sesgadas, parciales, desde la perspectiva de los intérpretes de la crisis de la justicia. Pero en algo que vamos a coincidir, el núcleo central, estructural, que determina la justicia en Bolivia es que su diseño es muy desequilibrado, no hay un sistema de ‘check and balance’ (controles y contrapesos), que permitan controles cruzados y transparentes de la administración de los procesos. Por eso aparece un fiscal poderoso que tiene mucha discrecionalidad para definir el curso de un proceso que subordina al policía investigador, subordina al juez, porque es el que dirige, el que conduce el proceso, porque puede limitar o ser permisivo con la acción de los litigantes, en fin, tiene muchísimas potestades, no tiene un contrapeso, no hay los mecanismos de transparentación, los mecanismos de control no funcionan y este es el problema nodal de la justicia, entonces el “fiscalato”, como categoría que tú citabas me parece una buena descripción.”

El fiscalato extorsivo

Esta pregunta-respuesta, de periodista a abogado encargado de la seguridad interna del país como Ministro, sintetiza de manera indiscutible el cuadro de situación a través del cual encontramos este mecanismo de persecución política que no solo implica el objetivo de neutralizar adversarios, sino, además, generar a través de la extorsión, un nuevo sistema de corrupción en el que a los fiscales embadurnados en estas acciones, se suman abogados, policías investigadores y jueces. Ojo, lo acepta un ministro que formó parte del entorno de confianza de Evo Morales, no un opositor de la derecha, por lo que sus palabras ponen en evidencia que la problemática en cuestión era conocida a fondo en las entrañas mismas del gobierno y en este contexto no se trata de utilizar la etiqueta de la “persecución política” para justificar hechos de corrupción como habitualmente hicieron los opositores al MAS hasta noviembre de 2019, como es el caso de José María Leyes, alcalde de Cochabamba, por los casos Mochilas I, II y III.

El modus operandi se resume en los siguientes términos: El Fiscal designado para perseguir a un personaje al que se necesita neutralizar por razones políticas utiliza la detención preventiva aplastando el debido proceso con el objetivo de arrinconar contra la última pared de una celda judicial a la víctima de turno. A continuación se procede a la realización de la respectiva audiencia de medidas cautelares y en lugar de dictar sustitutivas, el juez de turno ordena traslado a un penal. Una vez el privado de libertad experimenta un horrible estado de indefensión, emisarios de los fiscales en coordinación con los abogados que ejercen defensa comienzan las tratativas para generar la cesación a la detención, siempre y cuando acepten los términos económicos que se les plantean y que, en caso necesario, estos admitan hacer declaraciones en contra de sus eventuales jefes, si es que se trata de personeros dependientes de la administración pública.

“Tu salida cuesta tanto hermanito, y todo se arregla si además dices que tu jefe o jefa te mandaron a cometer tales irregularidades… si cumples con estas condiciones, procesamos tu liberación rápidamente”. Así de sencilla y concreta es la fórmula que caracteriza la persecución política de hoy en la que ya no hay casas de la represión, campo de concentración, celdas clandestinas, ni métodos de tortura y desaparición física. En suma, la persecución y represión en la gran mayoría de los casos, prescinde del amedrentamiento físico. Suficiente con mandar a guardar por el tiempo necesario a la víctima de turno que le tiene pavor a perder la libertad, peor si a través de “pruebas sembradas”, materia justiciable insuficiente y sometiéndose a ingresar en la cárcel por indicios y no por pruebas concluyentes.

Terrorismo I y II

Condenado en 2012 por pedido de coima al empresario asesinado Jorge O´Connor, el entonces presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, tuvo que pasar durante una década en el penal de San Pedro. Cercano a Evo Morales, lo sucedido con éste que fue presidente del Senado y promesa política del MAS, fue la evidencia de que el partido de gobierno estaba dispuesto a freír a sus propios peces si los encontraba cometiendo irregularidades y delitos. No había sucedido nunca durante los tiempos de democracia pactada (1985-2005), que un alto miembro de la estructura de poder vigente terminara en la cárcel, ya que cuando se presentaban hechos de corrupción debidamente comprobados, el camino era el del encubrimiento o la apertura cómplice de una puerta trasera.

Casos diametralmente opuestos son los llamados Terrorismo I y II destapados en Santa Cruz de la Sierra el 16 de abril de 2009, cuando en un operativo policial ejecutado en el hotel Las Américas, según el reporte oficial, murieron Eduardo Rózsa Flores, Árpad Magyarosi y Michael Dwyer, a los que se les habría descubierto un plan para asesinar al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera.

A partir del descubrimiento de esta trama, Mario Tadic y Elod Toasó, que formaban parte de la presunta organización mercenaria comandada por Rózsa, fueron arrestados, momento en el cual quedaron sindicados empresarios y políticos de la capital cruceña como Gary Prado Salmón, general retirado a quién se recuerda como activo oficial del Ejército que participó en la captura y muerte del Che Guevara en Vallegrande (1967) y Zvonko Matkovic, hijo de quien fuera prefecto del departamento en el gobierno democrático del Gral. Banzer, y ahora político en actividad bajo la sigla Creemos como candidato a senador suplente.

El proceso judicial se extendió durante más de 11 años en el que Prado Salmón, postrado en una silla de ruedas sufrió detención domiciliaria, y Matkovic estuvo recluido en el penal de Palmasola durante ocho años. Los dos alegaron invariablemente inocencia, lo mismo que el resto de la cuarentena de acusados. Los dos procesos fueron extinguidos durante este año de gobierno transitorio inconstitucional a partir del argumento de inexistencia de pruebas.

Para los familiares de las víctimas y de los apresados, se trató de un oscuro caso de persecución política sobre el que todo indica no se encontrarán nunca pruebas condenatorias, considerando, principalmente, la versión que señala que se trató de ejecuciones sumarias y como lo dijera el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, el mismo 16 de abril de 2009, “de un montaje del gobierno”.

La verdad histórica sobre este controvertido caso ha quedado en tinieblas.

Franklin Gutiérrez y ADEPCOCA

Dos días después de la llegada de Jeanine Áñez al gobierno, la red Unitel informaba en los siguientes términos sobre la liberación del dirigente Franklin Gutiérrez, de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de Los Yungas de La Paz:

El ex dirigente cocalero de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, quien fue aprendido en agosto del pasado año, fue puesto en libertad con medidas sustitutivas, lamentó haber estado encarcelado injustamente durante más de un año, y culpó a Evo Morales por los delitos que lo acusaron. Recordemos que el dirigente cocalero fue detenido por los enfrentamientos que hubo en la Asunta, donde falleció un teniente, sin embargo Gutiérrez señala que esta muerte se produjo por fuego propio de los agentes desplegados en Los Yungas. Su abogado señala que nunca existieron suficientes pruebas para su detención, Gutiérrez podrá salir de la cárcel una vez que presente dos garantes, una vivienda en la ciudad de La Paz y tiene restringido el viaje a Los Yungas hasta que su proceso concluya.

Cumplidos tres meses de reclusión en el penal de San Pedro, Gutiérrez se vio conmocionado por la muerte de su hijo menor de apenas dos años. En su calvario como privado de libertad, el dirigente cocalero denunció a través de uno de sus abogados, Jorge Santiesteban, de “falsificación de datos migratorios” en los que figuraba un viaje a Colombia que nunca se produjo, ya que en realidad se habría trasladado hasta Ecuador. El mismo abogado acusó de manera frontal al ministro de Gobierno, Carlos Romero, de manipular dicha información, a quién sindicó de “inventar delitos” contra su defendido.

Según este cúmulo de informaciones, Gutiérrez representa otro caso de persecución política, considerando que los puntos de vista de los cocaleros de Los Yungas están en contraposición a los esgrimidos por las seis federaciones del trópico de Cochabamba, de las que es presidente Evo Morales.

Entre las consideraciones analíticas del ministro de Gobierno Carlos Romero acerca del “fiscalato” y sus actuaciones en contra de los derechos del dirigente de Los Yungas, Franklin Gutiérrez, según lo atestigua el abogado Santiesteban, encontramos esa insalvable brecha entre lo que se dice y lo que se hace. Como este ejemplo, abundan otros en materia de persecución política en el transcurso del llamado Proceso de Cambio.