Hoy, asumido el nuevo gobierno y más allá de que vendría muy pero muy bien a todos, incluyendo al mismo, resolver los pedidos de auditoría de las recientes elecciones (me atengo no a los cuestionamientos de quienes desconfían o no les convencen sus resultados, sino las surgidas desde las mismas entrañas del Órgano Electoral), urge encarar, además de aquellas crisis, la de la justicia.
¿Tendrá el gobierno de Luis Arce la suficiente voluntad política para encarar esa crisis? Empieza con dos autogoles recién producidos. Por un lado, aunque bien podría sostenerse –con beneficio de inventario– que se trató de una facción de salida que no corresponde a la que hoy empieza a gobernar, la anterior ALP le dejó una arquitectura para instaurar una suerte de “apartheid plurinacional”, borrando de un plumazo los derechos de las minorías, con lo que al menos el 45% de los ciudadanos bolivianos quedaríamos ignorados a la hora de discutir varios temas relevantes (no todos, afortunadamente) en aquella Asamblea y, por otro, las sistemáticas decisiones express de algunos jueces y fiscales en las últimas semanas a partir del inocultable resultado del 18-O favoreciendo a militantes del antiguo régimen y hoy gobierno, prueban más allá de toda duda razonable el indigno sometimiento de esos operadores –no cabe aun así generalizar– al poder partidario y no a la CPE, los IIII, las leyes y al sentido común.
Las recientes explicaciones del FGE, a título de intento de justificación, solo embarran aún más el sistema, pues denotan que sus fiscales le metieron no más esos errores tan simples –que ni un opa estudiante de primer año de Derecho los cometería– para agradar al gobierno transitorio y que ahora, ante el retorno del MAS, están haciendo buena letra ante el nuevo gobierno: la objetividad como esencia de la función fiscal, al tacho de basura. Lo propio de los jueces, si bien no podrían actuar necesariamente de oficio, ante la magnitud de esos “errores” debieran haber saneado oportunamente los procedimientos y no esperar cerca de un año, para hoy, 18-O en medio, “darse cuenta” de los mismos.
Pese a todo, el flamante gobierno tiene una fabulosa oportunidad para sentar las bases e iniciar una genuina reforma al sistema y –huyendo de sus fantasmas que ya le acechan– dejar de usarlo como su cloaca para perseguir a los disidentes y encubrir a sus hermanos. No será una tarea fácil sino absolutamente todo lo contrario, pues aunque su partido parece tener los genes de la “doctrina Morales” de meterle nomás por encima de lo constitucional, convencional, legal y sentido común, cuenta a su favor con un hecho incontrastable: la ciudadanía no está dispuesta ni podría soportar cinco años o más de lo mismo o peor, en términos de impartición de justicia.
Existe un sentimiento generalizado no solo del foro sino, insisto, de la ciudadanía toda, en que el sistema de justicia debe recuperar su esencia tutelar de los derechos y garantías de, todas, las personas, sean víctimas, imputados, administrados o cualquier otra condición con la que acuden al sistema de justicia.
Urge entonces un acuerdo nacional para sentar las bases de esa más que imprescindible reforma de gran calado de nuestro hoy prostituido sistema de justicia, que esté fundamentalmente inspirado en consideraciones técnicas y no en intereses partidarios o de grupos que, como lo prueban los estudios serios del estado del arte que la sitúan en los peores lugares no solo regionales sino globales (recomiendo los del World Proyect Justice, disponibles en https://worldjusticeproject.org/ que mide nada más ni nada menos que la salud del estado de derecho), solo han contribuido a agravar la deplorable situación.
El principal desafío del flamante gobierno en ese rubro es imponerse a sus fantasmas que le están saliendo del ropero, pues muy buenos resultados le han dado hasta el momento, en términos de impunidad, pero no de justicia. Cabrá, para empezar, jamás omitir aquello de Tolstoi: “Un Estado que no procura la justicia, no es más que una banda de malhechores”.