Luego de las Elecciones fraudulentas del 18 de octubre de 2020, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo, la Senadora Carmen Eva González y la abogada Paola Barriga denunciaron al Ministerio Público el fraude realizado en las elecciones de 18 de octubre de 2020, en la que acompañaron las pruebas fehacientes y solicitaron una auditoria forense al proceso electoral, el 5 de noviembre volvió a ratificar su denuncia ante la OEA “existirían presuntas inconsistencias en el padrón electoral y biométrico, además que habría una “posible existencia de un bloque de data alterno, técnicamente reservado” con “acceso privilegiado” y que en estas y otras elecciones pudiera haber inducido o condicionado el resultado final.

El Tribunal Electoral manipuló las elecciones de 2019, cuando la OEA en su informe de 90 páginas ha recomendado la sustitución del Padrón, recomendaciones que no se han cumplido y el TSE “le mete no más” y con la Ley 026 y luego con la Ley 421 donde se reconoce adicionalmente 7 circunscripciones de naciones originarias de 200 y 300 habitantes las que más tienen, se parte con 7 diputados con ventaja anticipada, en cambio en las ciudades se tienen 200.000 ciudadanos para un diputado y un 15% de votos fantasmas.

El TSE ha violado la Ley electoral que le rige al no cancelar la personalidad al MAS y al no dar curso a ningún recurso, los mismo las salas constitucionales. Existen denuncias que han sustituido a los jurados electorales, con jurados de las elecciones del 2019. En los simulacros de elecciones durante las capacitaciones han hecho firmar a cada jurado para sustituir posteriormente esa firma y sustituir actas, para perfeccionar, el software utilizado para el registro de actas permite acceso a hackers, desde servidores dentro y fuera de Bolivia.

El proceso electoral se ha realizado sin ningún tipo de control electoral por la complicidad de los partidos del viejo sistema político, porque no tenían delegados los partidos porque no cuentan con militancia comprometida con los postulados ni de su partido, se demostró que los porcentajes totales llegan a 101%, se ha sustituido el sistema de recuento rápido (TREP) por el nuevo Direpre, se retiró faltando un día y no fue utilizado. Este sistema fue la base para evidenciar el fraude del En el Art. 24 de la Constitución Política del Estado ordena, el Derecho de petición, por tanto el Tribunal Electoral no podrá negar bajo ningún concepto legal el realizar una auditoría al padrón.

El Club de Ginebra manifiesta su extrañeza ante la decisión intempestiva de suprimir el sistema de conteo rápido, que tenía por objeto aportar un elemento importante de transparencia al proceso electoral en su integridad, este hecho ha generado cuestionamientos en una parte importante de la población y sus instituciones que demandan mayor claridad en este proceso que es uno de los más importantes de la democracia de todo país soberano.

Al amparo de los Arts. 241 y 242 “Participación y Control Social” exigimos al TSE asumir su obligación de mostrar la transparencia, diligente e informativa que el proceso electoral de la voluntad ciudadana expresada en las urnas, con un padrón electoral científicamente validado, porque el silencio de parte de una institución como el TSE no es una respuesta.