El presidente del órgano electoral -TSE- ha declarado a los medios y no así, a los representantes de los movimientos cívicos que han reaccionado con diversas movilizaciones en siete capitales de departamento,negando tajantemente una auditoria al sistema informáticoelectoral del pasado 18 de octubre de 2020, indicando que los resultados han sido transparentes y están avalados por la presencia de representaciones internacionales que asistieron en calidad de veedores al verificativo electoral y,qué así han declarado. La parsimonia con la que actúa dicha autoridad, es exactamente en el mismo estilo y forma en la que los parlamentarios elegidos del nuevo oficialismo se han expresado respecto las modificaciones al Reglamento de Senadores y Diputados que han eliminado la figura de los 2/3 para cierto accionar de la ALP, es decir, han manifestado con una calma que asombra, señalando “que son simplemente modificaciones meramente administrativas y que agilizarán procedimientos antes burocráticos”, cuando por lo contrario, estos atañen a temas de definición altamente políticos. Esta semejanza entre ambas explicaciones, provienen de una sola maniobra y mandato de orden superior: otra estrategia envolvente y ladina. El TSE debiera proponer a los interesados una mesa de trabajo técnico, que podría ser “por tiempo y materia”, ejercicio que permitiría conocer a fondo “las bondades del sistema informático utilizado y la transparencia del proceso en sí”, confirmándose, seguramente, los “resultados alcanzados”. Una explicación bajo ese formato, sería cuando menos, contundente y saludable. Pero, no conceder importancia al asunto y dar por concluido el proceso sin mayortecnicismo, es una actitud tendenciosa, artera, nada institucional y menos democrática. Esperar que el conflicto se diluya como simple noticia, sin mayor contexto y de forma apresurada,  excluyéndose mayores explicaciones de fondo, obedecen a un objetivo político: que se toman los reclamos como intrascendentes, ociosos, sin razón, ni fundamento, ni pruebas contundentes. Esa actitud, no despejará las calles y no pondrá a la gente en sus casas.La norma electoral debiera contemplar una auditoria obligada con un equipo colegiado nacional e internacional.Si bien la carta de la Vocal del TSE, Dra. Rosario Baptista Canedo, dirigida al Secretario General de la OEA, vía cancillería, solicitando una Auditoría basada en elementos altamente preocupantes del sistema informático poco menos que paralelo y “fantasma” que pudo inducir a modificaciones sustanciales de los resultados electorales, obligó al pleno del TSE a una conferencia de prensa quienes en voz de su presidente, dejó abierta la posibilidad de una revisión y oferta de puertas abiertas a “cualquier persona” que desee revisar y/o verificar el proceso y el sistema informático en cuestión, no menos preocupante es que precisamente sea una integrante de este órgano electoral, quien denuncie esta preocupación que pone en vilo al país. Habrá que ver el desenlace de este acontecimiento.  

Los movimientos cívicos y de las plataformas “pititas” señalan entre sus observaciones qué: i) su reclamo no proviene de una excesiva susceptibilidad; ii)  tienen certeza de firmas sustituidas en actas; iii) se observa que en numerosas mesas electorales provinciales existen 100% de votos a favor de un solo partido y que estas serían 1.181 con 100% de votos a favor del MAS; iv) no existen mesas o actas observadas en ningún departamento como en procesos electorales anteriores o sea, esta fue de un alta y calificada acción ciudadana como nunca sucedió en la historia electoral boliviana al momento de votar, de jurados electorales de mesa y de cuidadosos delegados políticos; v) se observa, dicen,mesas virtuales sin recintos o asientos electorales; vi) no existe ningún informe físico o electrónico que explique con certidumbre que se depuró el total del padrón electoral; vii) se menciona un padrón inflado, aunque no comprobado, sin embargo, los datos del padrón lectoral publicados por el TSE, señalaba que  los habilitados eran más que la población en edad de votar que, el TSE y el SERECI nunca explicaron, además, existen diferencias entre los datos que indican la CEPAL, el TSE y el INE dela masa poblacional potencial votante. Estas diferencias mínimas o máximas, no son “misceláneas estadísticas”, deberán ser transparentadas; viii) los partidos vencidos manifiestan que no inventan lo del fraude para ocultar su derrota; ix) una auditoria expresaría resultados diferentes en muchos asientos electorales y otros elementos. Ahora bien, cuando un proceso administrativo en el ámbito público o privado concluye, una auditoria es regla general y, cuando menos otorga tranquilidad y satisfacción a las partes, mucho más cuando esto trata asuntos de envergadura y/o complejidad,  tan delicados cómo en este caso, político; x) La CPE en su .Art 21, numeral 6, establece: “los bolivianos y bolivianas tienen los siguientes derechos: a acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”, entonces porqué se negó información y otros accesos solicitados por entidades y personas como el caso del Ing. Villegas.? xi) Respecto del Padrón Biométrico (PB): entre 2009 y 2019 el número de personas habilitadas creció algo más de 2.000.000, en ese periodo se trabajó con la empresa Smartmatic Venezuela (Hugo Chávez). Entre 1997-2004 el PB creció anualmente en promedio en 174.000 ciudadanos. En 997 el PB tenía 3.252.501 inscritos; en 2004 tenía 4.461.19. En las elecciones de diciembre de 2005 se depuró y llegó a 3.671.152 inscritos. Pocos meses después en 2006 para las elecciones de la Asamblea Constituyente el PB tenía 3.713.376 inscritos habilitados, es decir, creció en 42.224 nuevos inscritos, en 6 meses. El PB para las elecciones del 2009 creció en 1.079.142 nuevos registrados y habilitados, o sea, no pasó ni un año entre el Referéndumy las elecciones y la tendencia histórica de crecimiento se disparó, incomprensiblemente. En diciembre de 2012 se dijo que el PB tenía 5.162.395 inscritos, es decir que creció en promedio 95.968 por año. Para las elecciones de 2014, dos años después, el PB tenía 5.971.152 nuevos inscritos, es decir que creció en 404.378 nuevos inscritos habilitados. Para el 2019 el PB tenía 6.974.363 ciudadanos habilitados e inscritos. Este 2020 se fue a votar con 7.332.925 ciudadanos habilitados en el PB, es decir 358.562 nuevos inscritos en un año. Alguien puede explicar este desglose estadístico progresivoextrañamente inusual.?!

Este marco de explicaciones a los medios, en ambos casos: auditoría y reposición de los 2/3, son respuestasmuy fáciles ante un asunto de ribetes delicados por el efecto de la movilización social que se sienten provocadasy exacerbadas, son preocupantes y no satisfactorias parael país. En Santa Cruz se señala que existirían 400 Actas de Escrutinio con serios indicios de alteraciones y, que podrían extenderse a 1.000 a nivel departamental y mucho más aún en lo nacional. Los resultados de las encuestas daban proyecciones que en resultados mostraban menos del 10% de diferencia entre el primero y el segundo, pero, estos porcentajes fueron muy diferentes la noche y días siguientes al escrutinio, generando una brecha abismal de 26.28% entre el primero y el segundo: CC obtuvo el  28.83% y el MAS 55.11%. Recuérdese que se declaró ganadores a la formula del MAS en base a dos ultimas encuestas y cuando el recuento inicial estaba entre 3 y 4%; luego el sistema informático se detuvo por algunas horas, cuando todo volvió a la pantalla, es cuando se muestran diferencias superiores al porcentaje inicial delrecuento para cada partido y con diferencias muy marcadas entre los dos candidatos que llevaban la delantera. Los resultados progresivos y los finales, incluso sorprendieron a los propios militantes, dirigentes ycandidatos ganadores y, mucho más sorprendió a la oposición y a la ciudadanía, pues todo hacia ver que se preveía con toda seguridad una segunda vuelta, un balotaje que se realizaría por los resultados de varias encuestas realizadas por distintas empresas privadas, además de la efectuada por la UMSA y otras entidades que se las precia de serias, responsables y profesionalescomo la Fundación Jubileo, no partidarias e institucionales. El anuncio de parte del TSE de la suspensión del DIREPRE (TREP el 2019), un día antes del verificativo electoral, se suma como antecedente muy comprometedor ante la negativa de acceder a una auditoria, pues fue precisamente ese sistema de recuento rápido que en las elecciones del 20 de octubre del 2019 permitió descubrir el comprobado mega fraude.

Por todos estos antecedentes -y posibles otros adicionales-, tal como señalan los movilizados, motivan, y están en su derecho como toda Bolivia, a recibir información veraz y confiable, lo que seguramente dará tranquilidad y certidumbre al país. El pueblo tiene derecho a solicitar una auditoria forense al proceso y al sistema informático electoral por los antecedentes del corrompido proceso electoral de 2019, verificado por la OEA, organismos europeos y otros. La crisis política actual, no se soluciona con aquellas respuestas tan laxas –relajadas y burlescas- y no se prevé en qué terminará estas movilizaciones, pues en varias ciudades capitales se aprestan a cabildos que seguramente determinarán otras acciones, que por lo que se ve, están en una dinámica propia de estas coyunturas y sus causas. No se puede desconocer la movilización y pedido de miles de ciudadanos como si estos y su pedido fuesen nada. El TSE debe dar respuesta que permita certidumbre y tranquilidad, mucho más si se dice que existe ya un ganador y hubo transparencia, entonces este último elemento debiera dar confianza en realizar la auditoria y mostrar sus resultados. Tal como señalan las declaraciones de los ganadores: “El que nada tiene, nada teme”.

En este contexto, la suspensión de los procesos iniciados contra ex autoridades que estaban alojadas en la embajada mexicana, la suspensión de mandamiento de aprensión al ex presidente Morales y a favor de otros sujetos políticos ligados al clan azul, forman el telón de fondo con el que actúa la justicia en esos casos y, es la muestra de cómo obrarán ante el pedido ciudadano de la auditoria y la reposición de los 2/3, en caso de llegarse a tribunales de justicia que diriman estos asuntos. La genuflexión jurídica se ha vuelto a poner en acción y ésta es una pésima señal, luego de discursos ganadores “que convocan al reencuentro, el debido proceso, la cultura del dialogo y de puertas abiertas” y otras fachadas en los que la gente ya no cree por todos los antecedentes como el de Chaparina, Tipnis, Hotel Las Américas, La Calancha, AnalíHuaycho, José María Bacovic, esposos Andrade y decenas de casos más. Estas actitudes son mala señal que no otorga certidumbre o claridad a la sociedad boliviana y hace prever qué clase de institucionalidad yjusticia se tendrá en adelante en otros temas que se vienen: económico, salud, educación, justicia,informalidad, sistema impositivo, narcotráfico, contrabando, reservas del BC, recursos de las AFP’s y otras, que saltarán a la escena tal como se presagian en el ámbito político nacional y de la región, o presiones externas que existen. El TSE debiera aclarar respecto las denuncias de irregularidades y no dar simplemente respuestas televisadas. De existir fraude, este debió ser organizado con bastante tiempo durante la “falsa primavera democrática de 11 meses de transición”. Mientras, la crisis va en aumento, el presidente del TSE argumenta respuestas simplonas y evade aspectos concretos, tal cómo sucedió con la anulación de la sigla del MAS y su personalidad jurídica, este derivó el asunto al TCP para que dirima. El TSE debiera dar certidumbre yprobidad, actuando institucionalmente como órgano independiente en bien de la democracia y del pueblo boliviano. Si todo ha sido transparente, pues fácil será demostrarlo. Ampararse en lo que dijeron los veedores internacionales, dando fe del acto electoral (formalidad), pero sin ningún análisis de otra información o investigación, menos sobre las denuncias en mesa, preocupan. 

En este escenario, dignificar un alto cargo y de una entidad pública del más alto nivel en la materia, como el caso que nos ocupa, obligaría a actuar en función de su  significado y lo que representan: independencia de órgano o poder público frente al poder político de turno; debiera contemplarse por ley  la auditoría en todo proceso electoral nacional o subnacional; disponer de personal sin militancia partidaria; depuración del Padrón Electoralcomprobado, que debiera realizarse conjuntamente un equipo interinstitucional conformado por representantes deentidades académicas, partidos políticos, entidades privadas de desarrollo social (Fundaciones y/o similares), la cooperación internacional y/o de gobiernos democráticos europeos; OEA, PNUD y otros no políticos ni partidarios de la región, además de periodistas, técnicos informáticos, investigadores, académicos y personalidades, por ejemplo. Este ejercicio, no solo administrativo, sería un paso institucional para el mejor desarrollo político boliviano y la democracia.

El Impero de la Ley, es un concepto jurídico político de definición formal no unívoca, por lo cual se entiende en el sentido de la primacía de la ley sobre cualquier  otro principio gubernativo, especialmente CONTRA LA TIRANÍA Y LA ARBITRARIEDAD EL PODER POLÍTICO. Deja de lado aquello que dice “EL ESTADO SOY YO”.Con esta expresión doctrinal se designa el régimen jurídico en el cual los gobernantes y sus agentes se hallan sometidos, para sus decisiones particulares, a la observancia de las normas de derecho sentadas por las leyes y los reglamentos. El imperio de la ley implica el reconocimiento del principio de legalidad. En sentido mas estricto, es el régimen jurídico que somete a los agentes del Estado, como a los simples particulares, al imperio de la ley común, aplicada por el juez de derecho común. Entonces, que se aplique y someta a la CPE y las leyes específicas de su ámbito todo este proceso y punto.