El escándalo generado con base en sospechas sin evidencia no debe desviarnos de lo que se viene. Muchas voces se han hecho eco aportando al  deterioro global de la democracia en que basta acusar sin probar y generar un estallido de la manada para pedir lo que sea: auditoría, cadena perpetua, muerte civil. En río revuelto ganancia de pecadores sin “s”. Por eso, decidí ratificarme en mis convicciones de confianza en el resultado electoral y poner mi mirada en uno de los desafíos más importantes de los próximos años: la reforma de la justicia. A ver si recuperamos el sentido del principio de inocencia, el debido proceso y la noción básica de universalidad de los derechos humanos. 

Sobran los dedos de una mano para contar los juicios y sanciones a quienes violaron esos derechos en Bolivia. El juicio de responsabilidades a Banzer, impulsado por Marcelo Quiroga, no prosperó y recién en 1986 se dio curso el juicio a otro general, Luis García Meza Tejada, responsable él mismo de asesinato del líder socialista y de otros importantes héroes de la lucha por la democracia. Hay que reconocer a Juan Del Granado haber sentado el precedente más importante de la historia judicial de este país, logrando la condena de treinta años que cumplió hasta su muerte, luego de 23 años de encierro. 

Sin duda, la lucha de familiares de las víctimas y de la Asamblea de Derechos Humanos fueron clave. El resto son innumerables historias de impunidad, chantaje, miedo y soborno. Lo ocurrido durante los últimos días, -sin contar la declaración de la vocal de marras- excede, cualquier escándalo debido al descaro con que se llevó  a cabo.

 El MAS, cuya victoria electoral es reconocida por la mayoría de  quienes respetan la democracia, no ha perdido ni un segundo para girar hacia atrás las manijas del reloj y mostrar lo que ya se sabía: la justicia sigue en manos de sus abyectos seguidores y no hay esperanza de que esto cambie durante su gestión, a menos que la ciudadanía haga sentir su peso en lugar de apoyar desórdenes callejeros contra conspiraciones inexistentes, como ocurre en Santa Cruz y la plaza Abaroa de La Paz. Cualquier rato saldrá a pasear el exministro Romero a regocijarse con los huéspedes de México. Otra raya más al tigre de la injusticia.

El Presidente electo se comprometió hace unos días a  dar con los autores materiales e intelectuales de los hechos de sangre en Senkata, Pedregal y Sacaba.  Cómo no celebrar su vocación justiciera; el pequeño problema es que con esa declaración nos está diciendo que no habrá independencia de poderes y las víctimas serán elegidas en su despacho. Es tan evidente la utilización política en el mal sentido de la palabra, que Arce Catacora ni siquiera agregó a don Julio Llanos, fallecido durante el mismo tiempo, después de debatirse un mes entre la vida y la muerte a causa de  una brutal agresión provocada por dos miembros de una marcha de ayllus y mineros de Oruro afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Ni qué decir de las mujeres emboscadas y acusadas por partidarios de Morales en noviembre pasado.

Tampoco mencionó que -hablando de justicia- se comprometía a convocar a los exmiembros de la Comisión mal llamada de la Verdad para que esta vez digan la verdad y aporten la información sobre las dictaduras, el cuerpo de Marcelo Quiroga, Carlos Flores, las muertes de Chaparina, la del exviceministro Illanes y mucho más.

Aprovechando el tema y en concordancia con su ánimo populista, habría que recordarle que haga funcionar su “muñeca” con  los operadores de justicia para acelerar los juicios a los  acusados de feminicidio, a quienes están recluidos sin debido proceso, sin sentencia. Pero que no vaya a indultar a narcotraficantes. La sugerencia va en el sentido de pedirle que lo mejor que puede hacer es promover la reforma de la justicia y dejar que ésta actúe con independencia. Me dirán que nada que ver, pero yo creo que sí, mucho que ver: las declaraciones de la vocal y quienes la apoyan se parecen mucho a la de  fiscales y jueces que acusan sin mostrar indicios o pruebas, sentencian y se arrepienten dependiendo del color político que gobierna.