Después de los comicios, el escenario político presenta ciertas transformaciones entre las que destaca un cambio en la composición y dinámica del sistema de partidos. Entre 2010 y 2020 prevaleció un sistema de partido predominante puesto que el MAS dispuso de mayoría calificada de dos tercios en las dos cámaras de la Asamblea Legislativa. Este nuevo periodo se caracteriza por un pluralismo moderado con tres fuerzas con representación parlamentaria y aunque el MAS mantiene supremacía en ambas cámaras ya no dispone de mayoría calificada. En estas circunstancias es posible que se produzcan interacciones entre oficialismo y oposición para la concertación en temas puntuales. Para tal cometido, es importante que se revisen los reglamentos de debates de las cámaras legislativas y debatir los cambios aprobados por la anterior ALP. No para dar curso a un reclamo opositor que utilizó este tema para reiterar su retórica anacrónica y desgastada acerca de la “dictadura masista” sino para establecer reglas que incentiven la deliberación en el ámbito legislativo. La concertación política es una condición ineludible para mitigar la polarización ideológica y fractura social. Y es un requisito para enfrentar la crisis económica y sanitaria. Para que se cumpla este cometido es crucial el papel de los adversarios del MAS habida cuenta que se han producido notables cambios en el campo opositor.

Dos organizaciones políticas con trayectoria y grado de institucionalización desaparecieron de la escena legislativa: Unidad Nacional y Demócratas. Fueron reemplazadas por Comunidad Ciudadana y Creemos, nuevas entidades de reciente creación y forjadas para la contienda electoral. Tienen adherentes pero carecen de militancia, no tienen estructura organizativa nacional y tampoco disponen de recursos de poder institucionales. Por ahora son bancadas parlamentarias y organizaciones políticas en ciernes que, para consolidarse, deberán encarar exitosamente el desafío de las elecciones departamentales

Empero, no es el único rostro de la oposición, puesto que existe una oposición extraparlamentaria radical, golpista y anti-institucional con fanatismo religioso y racismo explícito que, después de la victoria del MAS, ha realizado acciones de protesta violando el orden constitucional. Sin duda que el rol de las fuerzas parlamentarias de oposición será decisivo para que este accionar antidemocrático se difumine y se desarticulen esos grupos irregulares que piden “junta militar”. Por ahora las señales son confusas. Comunidad Ciudadana no asistirá al acto de posesión presidencial y Carlos Mesa descalificó al MAS como fuerza democrática en un balance publicado hace días. Es incongruente pedir que se restituyan los dos tercios en los reglamentos de las cámaras legislativas en resguardo del debate pluralista y la búsqueda de acuerdos y, al mismo tiempo, descalificar a la principal fuerza política. Por su parte, como parte de una disputa al interior de las élites en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho terminó plegándose al paro cívico del viernes pasado, alineándose con los grupos radicales puesto que su partido, Creemos, no puede poner en riesgo el apoyo de su base electoral con miras a las elecciones de gobernador y alcaldes. En suma, mientras las fuerzas de oposición privilegien lo táctico y sigan reproduciendo sus prejuicios antimasistas será difícil encauzar el proceso político hacia una fase de estabilidad, necesaria para enfrentar la múltiple crisis heredada del deplorable “gobierno transitorio”.