Las Fuerzas Armadas, mediante comunicado, afirmaron que «en cumplimiento de su misión constitucional garantizan a la población el resguardo de la soberanía, la independencia, el respeto a la Constitución Política del Estado y al gobierno legal y democráticamente constituido».

Un sector importante de la población no comprende lo que pasó en las elecciones, y mantiene un clima de tensión.

Se han producido paros cívicos en Santa Cruz, Cochabamba y movilizaciones en La Paz, Chuquisaca, Potosí y en varias localidades exigiendo auditoría de las elecciones y revisión del padrón electoral.

Mientras tanto, el gobierno de transición mereció acervas críticas, a la gestión de Jeanine Añez por su «traición a la revolución pacífica de la juventud boliviana y haber propiciado el resurgimiento del MAS al haber permitido el funcionamiento y prórroga de la Asamblea Legislativa».

El nuevo gobierno recibirá un país convulsionado políticamente, polarizado con posiciones extremas y poco dispuestas a la tolerancia.

El Pacto de Unidad de las organizaciones sociales, pilar y sustento electoral del MAS, a través de sus principales dirigentes, advirtió «que no admitirán se nombre en funciones de servidores públicos a quienes huyeron como ratones y metieron la cabeza bajo el suelo como avestruces (palabras de Sergio Choque expresidente de la cámara de diputados), para ahora, cuando el triunfo se da conocer, ser los primeros oportunistas como los salvadores. No los queremos en las estructuras de gobierno ni para candidatos en las elecciones para alcaldes y gobernadores, basta de oportunistas, tiene que haber renovación de las estructuras partidarias».

La población ha sufrido en el último año una andanada de situaciones que han afectado el diario vivir. Primero con el fraude electoral de 2019 que generó violencia, cerco a las ciudades, escasez de alimentos y privaciones, que luego se agudizaron con la pandemia, que obligó a la población a confinarse. La semiparalización del país ocasionó el cierre de cientos de empresas, acrecentó el desempleo, afectó la economía nacional y dejó a la población vulnerable. Nunca antes la población había sufrido un quebranto en la salud como el que ocasionó el coronavirus, al extremo de haber colapsado los hospitales públicos de seguro y clínicas privadas. Para colmo de males, en plena pandemia hubo bloqueos y actos de violencia que privaron a los hospitales que se les provea lo necesario, oxígeno, catres, elementos de bioseguridad e ítems para nuevos profesionales para combatir al Covid-19.

Los equívocos y delitos del gobierno de transición dejaron a todo el país sin respuestas, mientras los hidrocarburos, otrora el sostén de la economía, quedaron agotados, los campos apenas producen -se informó en YPFB- para cubrir las exportaciones y las necesidades internas.

Varias empresas estatales se encuentran en crisis. Están semiparalizadas las operaciones de la planta más costosa del país que produce amoniaco y urea, solamente comercializa la producción acumulada. El régimen fiscal opera a media máquina debido a la paralización de la producción y comercio en general durante la escalada de la pandemia. Las operaciones en general se mueven lentamente pese a que se levantó la restricción a la mayoría de los sectores. Se mantiene el riesgo de una nueva escalada del coronavirus.

La recuperación de la economía va a requerir de un esfuerzo mancomunado tanto del sector público como privado. Bolivia necesita inversiones que permitan salir de la economía extractiva que no sea dependiente de la exportación de gas y minerales, y a su vez sometida al vaivén de las cotizaciones internacionales. Es necesario comprender que la explotación de los recursos naturales poco aporta al desarrollo si no se logra exportar productos acabados, con valor agregado. Es la industrialización de la que se habló los 14 pasados años y no hay resultados. Asimismo, es necesario que se asuma la realidad global que va hacia un cambio energético que vaya acompañado de la protección al medioambiente. Todos los esfuerzos internacionales se dirigen hacia ese objetivo, y las inversiones también tendrán la misma dirección. Hay señales para que el país se inserte en los nuevos desafíos de la economía global postpandemia, que perfila a su vez una nueva realidad que requiere de una serie de decisiones históricas, entre ellas, seguridad jurídica, que en nuestro país es una simple utopía.