Por lo mismo, debe cuidarse con rigor que el sistema de designación de magistrados en todos sus niveles, sea con base a las más exhaustivas exigencias de donde dimanen éstas y ejerza el control de su desenvolvimiento; no se olvide que de estos presupuestos se generará el personal de toda la Administración de Justicia.

El tratadista boliviano José Carrasco subrayó que en el Poder Judicial “reside el principio democrático y de su buena organización dependen los fecundos resultados que la sociedad espera, precisamente porque la República, según la máxima americana, debe ser el gobierno de la Ley”

Al fundarse la República, una de las principales preocupaciones de sus paladines fue insistir en el imperio de la ley a través de una apropiada organización jurisdiccional con selectos abogados que dieren prestigio y renombre a la función. De entonces a nuestros días, el sistema judicial atravesó, como toda institución, glorias y quebrantos: el doctrinario Harold Laski advirtió con inobjetable verdad que “si conocemos la forma en que actúa la Administración de Justicia de un Estado, conoceremos también exactamente su nivel moral”.

Penosamente, la designación política por el Legislativo no ha sido sino -, salvando honrosas excepciones -, la vía para torcer la imparcialidad y ética de los juzgadores, requisitos sin los cuales la administración de justicia sufrió su quiebra institucional. En otros términos, en tanto en cuanto siga el sistema de la dependencia política en la designación de jueces, continuará el riesgo de la vulneración de valores, idoneidad y competencia judicial.

De ahí que es imperioso escrutar otro sistema de nombramiento de magistrados que satisfaga las necesidades sociales de libertades y seguridad ciudadanas, mientras se vaya labrando mejor su futuro. Nadie lo intentó9 porque con artería y subterfugios de maniobras se preparó el sainete de una reforma constitucional para establecer e institucionalizar el famoso “voto popular”, mediante un circense y vulgar procedimiento. Así “el pueblo eligió a sus jueces”.

La calamidad resultante se encuentra acreditada a través de la ignorancia e improvisación de sus operadores -, fallos o sentencias al margen de la ley y todo cubierto por el amplio toldo de la corrupción y desvergüenza.

El propio expresidente Morales dijo, aparentando amargura: “Quiero decirles, hermanas y hermanas, que uno de los problemas que tenemos no solamente como Estado, sino como pueblo boliviano, es la justicia boliviana. No sé si es error de la nueva Constitución la forma de elección, lamentablemente no todas y todos están respondiendo a un gran pensamiento o sentimiento de los bolivianos sobre nuestra justicia” (SIC. El Diario 23.1.2016).

Pareciera que ni al expresidente ni a su lego entorno hizo efecto alguno el descalabro ocasionado con el tan bullado “voto popular” como instrumento de la nueva justicia. Ese carnaval fue bien aprovechado por los ignaros de la ley. Nadie reparó en las palabras del famoso jurista Beard a quien se  le parafraseó,  que: “haciendo del juez un funcionario electivo, somete a éste a los dirigentes políticos; no se hace, en este caso, una prueba de capacidad, ni de los conocimientos sino de los servicios prestados al partido”.

Si con el “voto popular” para elegir al Poder Judicial se dio también un “voto de sometimiento” de los magistrados al entonces gobierno, qué nos queda ante los fallos pronunciados por las noches (“entre sombras, gallos y medianoche”), sin figura ni procedimientos idóneos, como sucedió estos días en los estrados judiciales?.

En fin, hagamos votos porque el señor Morales no vuelva cargado de odio, rencor y espíritu revanchista. A su vez, el pueblo espera del señor Presidente Arce un profundo respeto al Órgano Judicial, esto es, sin doblegarlo, respetando su majestad de independencia e imparcialidad que son propias de la Justicia.