La prueba de esta conclusión es que el MAS no tiene los dos tercios, factor determinante para la gobernabilidad y la convivencia democrática. La utilización perversa de la aplanadora permitió, en el pasado inmediato, los abusos del partido gobernante y terminó minando su propia legitimidad. Y como se acostumbró a vulnerar las reglas de la democracia, que exigen respeto a las minorías opositoras, la primera medida que han tomado (como partido) ha sido precisamente modificar la normativa interna de la Asamblea Legislativa para acomodarla a sus intereses, que no son precisamente los de la población boliviana.

Lo evidente es que pese a los anuncios del mandatario Luis Arce, en sentido de que gobernaría para todos los bolivianos, corregiría errores y tenía que mostrarse como un partido reinventado (y purificado), las primeras señales presagian que seguirán imponiéndose las viejas prácticas azules que apostábamos como superadas. 

El MAS tiene que pasar por una profunda autocrítica y aprender de los errores cometidos, especialmente los que lo convirtieron en un partido autoritario y sectario. La sociedad ha cambiado y no está en condiciones de volver al verticalismo, uso inapropiado de los bienes del Estado, permitir que los gobernantes se salten la Constitución ni las reglas democráticas. Y ante anuncios nada edificantes, el flamante gobierno tiene que garantizar la libertad de expresión, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa.

El MAS necesita reinventarse y reconocer que existe una nueva realidad nacional. Aunque existen los resultados de las elecciones que le favorecen, necesitan “enamorar” a la población y conectarse con señales muy concretas y alejadas de las viejas prácticas que estaban poco menos que institucionalizadas. El pueblo boliviano luce expectante y vigilante y no parece dispuesto a permitir los abusos de poder, la venganza y la persecución política, la corrupción, el despilfarro, que caracterizaron la gestión de los 14 años pasados. 

Los bolivianos quieren respuestas muy concretas a sus grandes problemas generados por la desaceleración de la economía y los efectos perversos del coronavirus que han privado del empleo y el sustento diario a las familias de escasos recursos económicos. Estos nuevos desafíos imponen nuevas formas de administrar el mercado del poder y, por tanto, necesitan de la oposición y deben buscar consensuar y conformar una agenda mínima en el marco de la Constitución para gobernar.     

Esta agenda tiene que comenzar a revalorizar el Estado constitucional de derecho y recomponer igualmente toda la institucionalidad del aparato estatal. El respeto a las minorías, la tolerancia política, el consenso, el diálogo, el debate democrático, la libertad de expresión, parecen imprescindibles para una verdadera convivencia democrática. Los cambios tienen que ser sistémicos e integrales, que incluyan aspectos políticos, económicos, e institucionales y en todo estos quehaceres hay que comprometer a los órganos del poder público y a la sociedad en su conjunto.

El viejo estilo de Evo Morales “yo le meto nomás aunque sea ilegal y después que vengan y arreglen los abogados” tiene que erradicarse y en su lugar comenzar a gobernar respetando los principios y los valores democráticos, que son pocos menos que sagrados para la mayoría del pueblo boliviano.