Esas manifestaciones utilizan los mismos estribillos que se hicieron famosos en las protestas de fines de 2019 y que fueron parte de la gran movilización que terminó por echar del poder al expresidente Evo Morales. Por lo tanto, son una continuación, en cierta manera, de esa lucha. Ahora ya no se dirigen contra la figura de Morales, sino contra el MAS y lo que representa como fuerza política en el manejo del poder.

Al margen de que este diario, como ya se ha señalado en estas páginas, no cree que hubiera habido fraude en los recientes comicios, es un hecho que muchas personas creen lo contrario y tienen derecho a protestar ante algo que creen que está mal. El problema principal de esas protestas, sin embargo, es que una de sus demandas es que sean los militares los que se hagan cargo del gobierno. Ello es inconstitucional, obviamente, y por ello mismo inaceptable. Es sedición.

Igualmente inaceptables son los pedidos de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia del MAS, que exigió al gobierno electo de Luis Arce una reforma a la Constitución Política del Estado (CPE) para la creación de milicias armadas “para defender el proceso de cambio”. El representante de la coordinadora, Santiago Amaru, afirmó que hacen esa petición “para defender al pueblo, para defender a este gobierno, para defender el proceso de cambio y para defender la libertad de los bolivianos”. En otras palabras, sedición.

Es decir que por ambos lados del espectro actual se convoca a la ruptura del sistema democrático con la facilidad de quien no conforme con cómo es la realidad, plantea acomodarla a su gusto y criterio.

Es difícil de entender que todos estos grupos se movilicen y pongan en consideración una agenda de esta naturaleza en un país al que le ha costado tanto volver a la senda democrática después de un largo periodo de dictaduras, violación de derechos humanos y ausencia de Estado de Derecho; un país con una democracia en ciernes que, con sus pocos años de construcción, sufre aún las precariedades de una escasa institucionalidad, debilidades de principios y ejercicio de derechos. ¿Se puede siquiera considerar en estas condiciones que las FFAA tomen el poder o que, por el otro extremo, se formen milicias armadas para neutralizar a los opositores al régimen?

Más allá de estas consideraciones, hay razones prácticas para rechazar estos aprestos de forma tajante: un golpe de Estado no resolvería los problemas de polarización y tensión que vive el país, por el contrario, los agravaría. Además, si ese eventual gobierno militar lograra mantenerse en el poder por el tiempo suficiente como para llamar a elecciones, y estas fueran limpias, el MAS ganaría aún con mayor holgura que  en los comicios recientes. En las elecciones de 1980, por ejemplo, el MNR fue castigado por haber participado un año antes en el golpe de Alberto Natusch Busch.

Quienes alientan estas opciones antidemocráticas, que son sobre todo los líderes cívicos de Santa Cruz y grupos antimasistas de Cochabamba y La Paz, algunos de los cuales son cuasi delincuenciales, deben hacer lo que pregonan públicamente: que se respete la democracia, no llevar al país hacia una fase de mayores confrontaciones. Lo mismo podría decirse de quienes, desde el MAS hacen sugerencias  antidemocráticas.

El país necesita más que nunca  cuidar celosamente su democracia de los excesos y arrebatos de unos y otros. La democracia que tenemos no es patrimonio de un partido ni un grupo ni un sector, sino  del pueblo que apenas lleva 38 años construyéndola con gran esfuerzo. El gobierno electo tendrá ante sí la difícil tarea de aplacar estos impulsos y preservar la senda que elegimos transitar los bolivianos.