Considerando que en nuestro país, la democracia se ejerce constitucionalmente, entre otras, mediante la forma directa, participativa y representativa inexcusablemente por medio de los legisladores, por lo que todos los bolivianos tenemos derecho a participar libremente, no solo en la formación del poder político mediante nuestros asambleístas, sino directa o indirectamente en el ejercicio y control del poder político y, por supuesto, en la fiscalización de sus actos. Consecuentemente, se prohíbe que las funciones de los órganos públicos sean reunidas en uno solo o sean delegables entre sí, vedando al Legislativo u otra instancia, conceder atribuciones excepcionales a las de nuestra Constitución (Léase arts. 12. III y 140.I C.P.E.).  Además, la democracia se construye a partir de los disensos de todos, buscando la máxima concertación posible. Lo contrario es puramente autoritarismo, que acarrea ineludiblemente a la tiranía, así sea de parte de las mayorías. Una aberrante medida, que desconoce los derechos democráticos y constitucionales del 45% de los bolivianos, cuya representación legislativa quedo así, en este nuevo periodo constitucional que estará controlado por la mayoría del 55% (MAS). Dejando en manifiesto la arquitectura maquiavélica necesaria para echarle una vez más como si fuera dibujo libre, una chicanearía política, antidemocrática e inconstitucional que discrimina al resto de Bolivia.