“Bolivia tiene una autoridad electoral independiente y tuvo una contienda más equitativa, lo que dio como resultado una jornada electoral exitosa. La ciudadanía votó libremente y el resultado ha sido contundente. Esto le brinda un alto nivel de legitimidad al gobierno entrante, a las instituciones bolivianas y al proceso electoral en su conjunto”, se lee en  el informe final de la MOE/OEA.

Manuel González, jefe de la misión de observación de la OEA,  señaló que a diferencia de 2019, “en este proceso (electoral) no se encontraron indicios de acciones dolosas por parte de la autoridad electoral para alterar los resultados”.

El informe fue presentado ayer en la sesión del Consejo Permanente del organismo internacional. La Misión destaca también en su reporte que se observó un progreso significativo en la calidad y transparencia de los comicios. Resalta asimismo que, en un plazo acortado y pese a las complejidades propias de contexto, el Tribunal Supremo Electoral avanzó de manera sustantiva en la implementación de las recomendaciones formuladas por la Misión de Observación de la OEA en 2019.

González señaló que se constató que el TSE implementó medidas de seguridad adicionales en la impresión de los materiales electorales como las actas de escrutinio. Además de que la producción del material sensible y no sensible estuvo custodiada por las fuerzas de seguridad y comisiones de servidores públicos del ente electoral.

Entre las mejoras también se citan las acciones que llevó adelante el TSE para el saneamiento del padrón y se destacó la implementación de 31 protocolos e instructivos para el proceso de custodia y seguridad de materiales durante las etapas de producción, almacenamiento y distribución.

En su última intervención en el Consejo Permanente de la OEA, la canciller Karen Longaric,  a nombre del Estado,  brindó  respaldo al informe de la misión de observación sobre los comicios del 18 de octubre, así como al informe y auditoría al proceso eleccionario de 2019.

“Mi gobierno reitera su reconocimiento y apoyo al informe electoral y la auditoría sobre la manipulación dolosa de las elecciones generales del 2019. También agradece a la OEA por el informe sobre las elecciones generales celebradas en Bolivia 18 de octubre de 2020. Ambos informes fueron realizados con la mayor integridad profesional y calidad técnica”, subrayó.

La autoridad remarcó que los informes de los dos procesos electorales y la auditoría a los comicios de 2019 demuestran que la OEA “no se guía por cuestiones políticas, sino por los más altos estándares internacionales de observación y control de elecciones”.

La MOE/OEA 2020 estuvo integrada por 40 expertos y observadores internacionales de 12 nacionalidades, 18 de los cuales estuvieron presentes en cuatro regiones del país, 10 que dieron seguimiento a la votación en tres países del exterior, y 12 que trabajaron de manera remota.

Recomendaciones de la  OEA para futuros procesos electorales

• Institucionalidad   El OEP aún debe seguir con la contratación y profesionalización de personal para consolidar su institucionalidad. Para la selección del personal se debe tener en cuenta su experiencia y área de especialización.
• Recintos   Se debe realizar la difusión de cambios de recinto con el tiempo suficiente  para que el elector conozca su lugar de votación con antelación, para brindar mayor certeza al ejercicio del voto.
• Resultados  Se recomienda ejecutar un plan de simulacros con anticipación adecuada, que permita  corregir errores. Además de cifrar el canal de transmisión de las imágenes de las actas electorales.
• Actas   Definir un plazo razonable para el diseño y desarrollo de herramientas para transmitir los resultados de votaciones en el exterior, que incluya las pruebas suficientes para garantizar su funcionamiento óptimo.
• Candidatos   Se debe establecer un calendario que permita contar con listas finales de candidaturas publicadas con mayor antelación, y así facilitar la verificación oportuna del cumplimiento de la paridad y la alternancia.
• Financiamiento político   Fortalecer la Unidad Técnica de Fiscalización  para el control del patrimonio, origen y manejo de recursos económicos de las organizaciones políticas.