Ejemplos de esos extremos son la convocatoria formulada por dirigentes de la Unión Juvenil Cruceñista a las Fuerzas Armadas para que instauren un “gobierno cívico militar” y la iniciativa del líder de la denominada Coordinadora Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) –una organización afín al MAS creada en El Alto– que pidió al “nuevo gobierno una reforma parcial de la Constitución Política de Estado para la creación de milicias armadas”.

En el primer caso, la idea de esos jóvenes cruceños estuvo precedida de una serie de llamados a la movilización general e, incluso, a la conminatoria al Comité Pro Santa Cruz para que declare un paro departamental reclamando la anulación de las elecciones. Conminatoria que, en un primer término, fue rechazada por los líderes de ese Comité.

En el segundo caso, la idea de crear “milicias armadas” recibió un repudio generalizado de autoridades del Gobierno transitorio y de las FFAA, activistas de los derechos humanos e, incluso, dirigentes del Movimiento al Socialismo.

Vivimos en democracia y ésta garantiza la libertad que tenemos los bolivianos de expresar nuestros descontentos e ideas, en el marco del respeto a las leyes y al derecho de quienes no están de acuerdo con esos reclamos e iniciativas. Y aunque esos límites no siempre se respetan, es muy poco probable que quienes lideran protestas y manifiestan sus ideas llegando a extremos como los mencionados lo hagan por ignorancia de las leyes.

Así, la única hipótesis que parece razonable para explicar sus motivaciones es la del protagonismo oportunista, en la perspectiva de obtener un beneficio de éste. Un beneficio que se traduce en la posibilidad de una candidatura en las elecciones para alcaldes, gobernadores, concejales y asambleístas departamentales que tendrán lugar en cuatro meses.

Eso ocurrió hace un año con los líderes cívicos de Santa Cruz y La Paz que tuvieron un rol activo en la convulsión poselectoral que culminó con la renuncia de Morales y la instalación del Gobierno transitorio. Ambos terminaron como candidatos a la presidencia y la vicepresidencia.

Más allá de que las demandas sean justas, o no, ese precedente tendría que servir para tener una actitud crítica respecto al accionar de algunos líderes sectoriales muy activos en la actualidad.