Organizaciones afiliadas a los comités cívicos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Sucre, Beni, Oruro y Potosí, y grupos de ciudadanos vienen sosteniendo algunas medidas de presión en demanda de la reposición de los dos tercios en el Parlamento y exigen una auditoría de las elecciones generales del 18 de octubre, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) ganó con el 55.1% de los votos.

Si bien iniciaron con algunas protestas aisladas, con el paso de los días se fueron masificando y hoy varias ciudades cumplen un paro cívico de 24 horas.

El derecho a la protesta está constitucionalizado y debe ser respetado, pero también  debe respetarse el derecho que tienen los ciudadanos de trabajar o desplazarse libremente dentro del territorio nacional.

La demanda de la reposición de los 21 artículos de los reglamentos internos de las cámaras de Senadores y Diputados que fueron anulados por los anteriores legisladores es la principal razón por la que comenzaron a movilizarse grupos que no comulgan con el MAS, sin embargo, con el paso de los días se  fueron sumando otros pedidos como el de una auditoría a los comicios porque, supuestamente, habría indicios de un fraude. 

Los movilizados, incluso,  plantearon que se haga cargo del país un gobierno transitorio  militar, policial, civil e indígena, algo completamente fuera de contexto.

Pareciera que esos grupos al ver que sus medidas no logran el respaldo de las mayorías, como sucedió en octubre de 2019, están optando por las protestas tradicionales que solo generan perjuicio al sector productivo y a los ciudadanos que viven del día a día.

Llama la atención el “giro” que dio el Comité Pro Santa Cruz que hasta el domingo en la noche señaló que para reclamar por los dos tercios acudiría a instancias legales. 

También es poco menos que “extraño” que los cívicos cochabambinos determinen, de la noche a la mañana,  realizar un paro cívico, cuando antes y después de las elecciones se mantuvieron en absoluto silencio.

En estos momentos no se puede tolerar que unos cuantos paralicen el país en desmedro de otros que están haciendo todos los esfuerzos por trabajar y paliar los efectos de la crisis económica que se arrastra desde octubre del año pasado.

Se respeta las movilizaciones porque vivimos en democracia, pero también deben ser respetados los derechos de quienes apuestan por el trabajo porque tienen responsabilidades que cumplir con sus familias. No se puede seguir paralizando a Bolivia para protestar, cuando hay instancias para buscar soluciones a las demandas. Es tiempo de buscar otros mecanismos de presión, pero que los mismos sean oportunos para alcanzar los resultados que se buscan.