“Agradezco a la opinión pública que crean que puedo ser una opción política, pero ya he dicho mi palabra”, explicó en conferencia de prensa el historiador, manifestando que “parece un delito que uno quiera ser candidato, que podría serlo porque estoy en mi legítimo derecho”.
Mesa pidió “convencer al Gobierno de que no hay una intención política de mi parte”, a tiempo de advertir que “el Gobierno considera no que soy un adversario político sino un enemigo político”.
Concluyó señalando que “la judicialización de la política se ha convertido en la norma que el Gobierno utiliza para anular a quienes considera, porque su subjetividad así lo plantea, que son posibles adversarios en una candidatura presidencial ilegal del presidente Morales”.