Eso es algo que tiene un sinfín de efectos negativos, pues no hay medida gubernamental ni acción opositora que no tengan como principal punto de referencia el cálculo entre el costo y el rédito político medido en términos exclusivamente proselitistas. Y eso, como es bien sabido, es el mayor estímulo para la proliferación de la demagogia en todas sus formas.

Ese panorama, desalentador de por sí, resulta empeorado por el deplorable nivel de las pugnas verbales entre las fuerzas oficialistas y opositoras, como se puede constatar a diario al observar la calidad de los asuntos y de los argumentos que ocupan su atención.

El lugar que en medio de esas disputas ocupó la cantidad y calidad de las neuronas vicepresidenciales es sólo una muestra de lo dicho. Pero como no es una excepción, bien puede ser vista como una síntesis del estado actual del debate político e ideológico.

Después de ese tipo de infantiles intentos de descalificar a los adversarios, el segundo medio al que recurren los contendientes es el intercambio de acusaciones de corrupción.

Mientras eso es lo que se ve a diario, no se vislumbra ni remotamente un proyecto político capaz de concitar la confianza y la esperanza de la gente.

Hoy como hace ya 12 años, las fuerzas opositoras no basan su plan de acción en sus propias cualidades, ideas y propuestas, sino en las debilidades de sus adversarios y siguen girando alrededor de aspirantes a candidatos, ninguno de los cuales alcanza la talla de líder.

Igualmente significativo es el hecho de que ninguna de las nueve organizaciones políticas legalmente habilitadas para retar en las urnas a la fórmula oficialista haya logrado consolidarse como una organización política de alcance nacional y, como para agravar el riesgo de dispersión, hay al menos otras 12 organizaciones que aspiran habilitarse como propuestas alternativas.

En tales circunstancias, banderas y consignas tan simples como “21-F” y “Bolivia dijo NO” aparecen como un cómodo recurso para disimular todas las carencias en que siguen sumidas las fuerzas opositoras. Lo que más allá de las consideraciones estrictamente legales, en términos políticos, equivale a una prematura rendición.